
La decisión de reiniciar el proceso para elegir a los magistrados suplentes de la Sala Constitucional genera dudas entre especialistas y diputados por el tiempo que podría tomar una nueva selección y por el impacto que tendría en el funcionamiento del tribunal.
El Partido Pueblo Soberano logró la aprobación de una moción de orden para pedir una nueva lista de candidatos a magistrados suplentes de la Sala Constitucional, aunque no se expusieron los criterios técnicos de la medida más allá de la “falta de acuerdos”.
El presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, advirtió previamente a Grupo Extra que un nuevo concurso tardaría al menos nueve meses.
Mientras la oposición señala que ese atraso podría llevar a un eventual cierre técnico del tribunal constitucional, el oficialismo descarta ese escenario y sostiene que la falta de 38 votos para elegir a alguno de los candidatos es argumento suficiente para devolver la nómina.
Además, la Sala Constitucional detalló que existen 87 expedientes con inhibitorias debido a la falta de suplentes. Es decir, que la instancia no puede conocer esos casos debido a que los magistrados titulares tienen algún tipo de relación con el hecho o los involucrados.
La devolución de la nómina de candidatos a magistrados suplentes no le permitiría al oficialismo incidir directamente en la conformación de una nueva lista.
Según el abogado constitucionalista Manrique Jiménez, esa potestad corresponde a la Corte Plena, mientras que la Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de elegir entre los nombres remitidos por el Poder Judicial.
El especialista advirtió que el atraso en la designación compromete la continuidad del servicio de la Sala Constitucional, órgano encargado de la defensa de los derechos fundamentales, las libertades públicas y el conocimiento de consultas de constitucionalidad.
“Nuestro Estado de Derecho no puede quedarse con una Sala Constitucional vacante. Creo que es importante que haya un importante acuerdo entre ambos órganos para que se dé la elección”, añadió.
La discusión se incrementó luego de que el Plenario Legislativo aprobara una moción para suspender la votación de los nueve magistrados suplentes y solicitar a la Corte Suprema de Justicia una nueva nómina de candidatos.
La decisión fue impulsada por el oficialismo, después de que en tres rondas de votación no alcanzaran los 38 votos requeridos.
Desde la oposición, el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, sostuvo que la decisión evidencia una estrategia para “capturar” el Poder Judicial.
“Nos preocupa mucho por el tiempo. Si duramos nueve o 12 meses con un proceso que tiene que empezar de cero en la Corte con entrevistas y demás, aquí no solo desperdiciamos dinero y tiempo, sino que ponemos en riesgo el acceso de las personas a los derechos”, dijo.
El diputado añadió que existe un riesgo de cierre técnico de la Sala Constitucional si no se resuelve el nombramiento antes de octubre, cuando, según indicó, vencen nombramientos de magistrados titulares.
El oficialismo, por su parte, rechaza que exista una amenaza real de cierre técnico.
El jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, defendió que la Asamblea Legislativa tiene potestad para devolver la nómina si no logra consenso sobre los candidatos.
“Creo que la Asamblea Legislativa es soberana de tomar decisiones. Se presentó una moción, se votó, se aprobó y, por lo tanto, la presidenta de la Asamblea tiene que devolver la nómina. No se ocupan argumentos. El argumento es que el Congreso no pudo llegar al convencimiento de 38 votos para nombrar a ninguno de los candidatos”, señaló.