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La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) tendrá nuevas herramientas para combatir el robo de combustible, tras la aprobación de una reforma en el Congreso que eleva las penas, crea una unidad especializada y establece controles sobre la venta de mangueras industriales.
El proyecto 25.206 recibió el respaldo de 51 diputados; además, también incorpora sanciones para actividades relacionadas con el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización ilegal de combustibles.
La presidenta ejecutiva de Recope, Karla Montero, calificó la aprobación como un cambio en la lucha contra este delito.
“Hoy comienza un antes y un después en la lucha contra el robo de combustible en Costa Rica. Y a quienes roban combustible les digo: Costa Rica ahora está mejor preparada para enfrentarlos”, manifestó.
La unidad tendrá funciones de vigilancia, patrullaje, monitoreo y respuesta inicial las 24 horas. Además, permitirá reforzar la protección del poliducto nacional.
La reforma establece penas de cuatro a ocho años de prisión para quienes se apoderen ilegalmente de combustibles. Si utilizan perforaciones, rupturas, manipulaciones o tomas ilegales en el poliducto o instalaciones de Recope, la sanción será de seis a 15 años.
También eleva las penas por transporte y distribución ilegal a un rango de tres a cinco años e incorpora delitos como el almacenamiento y la comercialización ilegal.
La unidad podrá vigilar los 418 kilómetros del poliducto nacional y, ante delitos flagrantes, aprehender sospechosos y decomisar combustibles, vehículos y herramientas.
Los vendedores de mangueras industriales de alta presión deberán registrar las ventas superiores a 100 metros e identificar a los compradores.
El incumplimiento podrá sancionarse con multas de diez salarios base y de 15 en caso de reincidencia.
La reforma también exige declaraciones patrimoniales a trabajadores de Recope vinculados al Sistema Nacional de Combustibles, entrará en vigor tras su firma y publicación en La Gaceta.