
El proceso para definir a la nueva empresa encargada de la revisión técnica vehicular sigue sin resolución, mientras se encuentra en análisis jurídico ante la Procuraduría General de la República, lo que mantiene en pausa la adjudicación del servicio.
El viceministro de Transporte, Carlos Ávila, explicó que, pese al anuncio hecho por el gobierno de decidir cancelar la licitación del 2023, esta sigue vigente en una pugna legal que determinaría su validez.
“En el proceso que se hizo de precalificación se determinó que uno de los potenciales oferentes podría no ser apto para ser adjudicatario. Ante esta preocupación se hicieron gestiones ante la Contraloría General de la República y siguiendo sus recomendaciones está gestionando el proceso de lesividad ante la Procuraduría General de la República”, detalló Ávila a Grupo Extra.
Según el jerarca, el criterio legal definirá el rumbo del proceso, donde se visualizan “dos alternativas, una que la Procuraduría diga que no hay mérito en lo que el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) ha estado argumentando; y se tendría que proseguir con la siguiente etapa del proceso de precalificación, que eventualmente serían recibir ofertas y adjudicar los servicios de inspección técnica vehicular”.
En caso de que las instancias legales acepten la cancelación de la licitación, el procedimiento se iniciaría de cero nuevamente, “anularía lo actuado y tendría que salir de nuevo el concurso”, dejando claro que el procedimiento permanece en suspenso hasta que exista una resolución.
Esta panorama de incertidumbre se dio tras la decisión del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) de cancelar, en julio del 2025, el cartel de licitación ya había sido adjudicado a las empresas TÜV Rheinland y el Consorcio Applus CR, quienes deberían prestar el servicio de revisión técnica.
Tras pugnas con la Contraloría General de la República, y diversas modificaciones al cartel, el jerarca de cartera, Efraím Zeledón, anunció un nuevo procedimiento, el cual no podría desarrollarse hasta determinar la validez del anterior, procedimiento del cual se encargan las autoridades.
Mientras tanto, el viceministro Ávila aseguró la continuidad en el servicio actual, al señalar que la empresa alemana Dekra “tiene el permiso precario todavía vigente para garantizarle a los usuarios que tengan tranquilidad”.
El uso bajo esta categoría permite extender las veces que sea necesario el contrato actual con el Estado, esto pese a que estaba para concluir en 2024.
Al consultarle sobre cuándo podría saberse el futuro de la revisión técnica vehicular, el jerarca señaló que no existe una fecha exacta para concluir la pugna legal.