La Fiscalía General, por medio de la jefa del Ministerio Público Emilia Navas, entregó a los magistrados de la Corte Plena este lunes el conocimiento de una segunda denuncia contra el diputado liberacionista David Gourzong.
La información la confirmó a DIARIO EXTRA una fuente cercana a la Corte, luego de la sesión privada que se realizó esta tarde.
La segunda denuncia refuerza la primera acusación contra el legislador, donde un grupo de trabajadores de Limón ha denunciado que el verdiblanco presuntamente ofreció dádivas o promesas de trabajo a cambio de votos en las pasadas elecciones del 2018.
Se les informó a los magistrados que luego de que trascendiera la primera denuncia contra Gourzong, tres personas más se aventuraron a presentar una segunda acusación que se sumaría a la ya presentada el pasado 4 de diciembre y que se sigue con el expediente 20-000022-0033-PE.
La Corte decidió trasladar la información a la Asamblea Legislativa, lugar donde se debe decidir si se levanta o no la inmunidad de Gourzong.
Hasta el momento el presidente del Congreso Eduardo, Cruickshank, no ha procedido a leer la acusación en el plenario, ni a conformar la comisión especial que tendría que conocer el expediente y rendir un informe al pleno para que este decida si levanta o no el fuero al legislador.
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
En la sesión de la Corte también se conoció un informe de la directora de Gestión Humana, Roxana Arrieta, sobre la evaluación de desempeño de los servidores judiciales.
El Poder Judicial emprendió desde el mes de junio del 2020 la concreción de la primera etapa de evaluación del desempeño a toda la población judicial, apegada a las disposiciones contenidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635).
“La implementación de este proceso está a cargo de la Dirección de Gestión Humana, dependencia que formuló un plan de trabajo apegado a la normativa de la Ley 9635, con el apoyo de la Dirección de Tecnología de la Información y la Dirección Jurídica, donde se gestionó la reforma al Reglamento del Sistema Integrado de Evaluación del Desempeño de este Poder de la República, aprobado por Corte Plena en mayo del 2020 precisamente para adaptarla a la citada ley”, detalló Arrieta.
La funcionaria agregó que este proceso incorpora también los aspectos ordenados por la Contraloría General de la República en aplicación al Título III de la Ley 9635, por ello se formuló un cronograma para dar cumplimiento al año 2022, plazo que aplica a todas las instituciones del sector público.
El proceso judicial de evaluación de desempeño se basa en dos factores. El primero de ellos es el factor rendimiento que tiene una valoración cuantitativa de un 80%, las metas son establecidas por la persona evaluadora y la persona evaluada, considerando las funciones asignadas, la carga de trabajo, las características particulares de la persona evaluada, utilizando como insumo los Planes Anuales Operativos y otros instrumentos de control.
El 20% restante contempla el factor de competencias identificados por la Dirección de Gestión Humana, en instrumentos técnicos propios del desarrollo humano.