Nueva convención colectiva de Recope en Sala IV

Cuatro meses después de su entrada en vigencia, siete artículos de la nueva convención colectiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) ya fueron impugnados por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep). Esta organización los considera desproporcionales y abusivos por lo que pide sean declarados inconstitucionales.

Los artículos impugnados son 42,43,44,101,110,142 y 159, que entre otros otorgan beneficios como permisos con goce de salario a funcionarios para que participen en capacitaciones y seminarios tanto en suelo nacional como en el extranjero.

Además, los trabajadores de Recope podrán disfrutar de los asuetos que se realicen en sus respectivos cantones de trabajo, con motivo de fiestas patronales o cívicas y recibirán su salario íntegro. 

Por otro lado, la Uccaep cuestiona que a los empleados de Recope se les dará un subsidio para la compra de anteojos, se les pagará salario extra por peligrosidad y el pago de auxilio de cesantía hasta por trabajar un mes.

En la acción de inconstitucionalidad presentada el lunes anterior, se indica que, “el artículo 44 de la Convención Colectiva deviene inconstitucional no por el beneficio en sí, sino por la desproporcionalidad de los 142 días hábiles establecidos en la norma”.

Al mismo tiempo, Uccaep se mostró en contra de los $3.000 a cada uno de los trabajadores que resulten becados y al mismo tiempo se les seguirá girando el salario completo

 “Esto es abusivo y tiene que frenarse de inmediato. ¿Dónde están las medidas de austeridad y los ajustes que necesita este país? ¿Cuál es el impacto que producen estos beneficios en términos de mayor eficiencia y eficacia en los servicios que brindan estos colaboradores y la institución? ¿Por qué los costarricenses debemos pagar estos beneficios irracionales de unos pocos? Sin duda, estos privilegios son innecesarios y se deben detener”, afirmó el presidente de la Uccaep, Franco Arturo Pacheco.

La acción puntualiza que los beneficios otorgados resultan inconstitucionales ante la “evidente violación del principio de proporcionalidad, pues no existe una relación razonable entre la finalidad que pretende la convención y los recursos asignados a favor de pocos funcionarios del sector público”.

Para Pacheco, el recorte inicial que se le realizó a esta Convención Colectiva fue insignificante, de poco más de ¢4 mil millones, pues cerca del 95% de los privilegios incluidos en el documento firmado meses atrás quedaron intactos, “lo que representa apenas una reducción del 5% de los ¢25 mil millones que costará la convención”, añadió Pacheco.