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La Asamblea Legislativa aprobó un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 80 millones de dólares para la construcción de 6 nuevos centros penitenciarios, el costo de los planos constructivos será de 4 millones de dólares. Más medio millón para el Manual de Procedimientos. De no ejecutarse la obra, se empieza a pagar una multa de 1 millón de dólares al año, más los correspondientes intereses y amortizaciones.
Serían obras nuevas, no remodelaciones ni reparaciones, en propiedades del Ministerio de Justicia, incluyendo La Reforma en Nicoya, Pérez Zeledón, San Rafael, Pococí y un centro de reclusión para mujeres en San Luis de Santo Domingo. Serán centros penales cerrados, de mediana contención, con un sistema integrado e interinstitucional de estudio y trabajo obligatorio, con exigencia de buen comportamiento para el recluso, incluyendo pruebas de doping, pues estará prohibido el consumo de drogas. Siempre que no libere el uso de la marihuana nuestro Congreso. Desgraciadamente el lobby para el libre consumo está aumentando. Garantizan que no habrá posibilidad de desarrollo del crimen organizado en estos centros.
El Instituto Nacional de Aprendizaje, el Ministerio de Educación, el IAFA y otras instituciones, estarán dentro del centro penal, accionando junto a profesionales en Medicina, Psicología, Derecho, Educación Física y otras ramas, en la formación y reincorporación del sentenciado a la vida familiar y social que le aguarda afuera. Todo según esquema de construcción de primer orden mundial, implementación y manejo de la población penitenciaria igual a los países desarrollados con muy alto PIB. Mediante el Programa para la Prevención de la Violencia y la Promoción de la Inclusión Social del Ministerio de Justicia. El BID presiona no solo sobre la ejecución de las obras, sino sobre la implementación del modelo, único en Latinoamérica, que el mismo Banco piensa implementar en otros países del continente.
En el salón del Hotel Curime en Nicoya el Lic. Gonzalo Elizondo Bready, jefe del Departamento de Ejecución de Proyectos del Ministerio de Justicia, funcionario atento, de gran inteligencia y sensibilidad social, expuso sobre las bondades de la nueva cárcel que aumentaría de 200 a 576 reclusos, y del encadenamiento de algunos servicios que personas de la comunidad podrían darle al centro penal, como productos alimenticios, lavandería, vigilancia y otros que al no estar en el Servicio Civil, se le daría prioridad a las personas residentes de los diferentes pueblos donde se establezcan estos nuevos centros. También le tocó a don Gonzalo escuchar parte de los argumentos en contra de esta ampliación de “La Reforma”, que el pueblo nicoyano viene rumiando, desde que se enteró extraoficialmente. Enumero algunas objeciones negativas que mencionaron algunos invitados.
• Aceptación del pueblo: El Gobierno acepta que del crédito ya están corriendo intereses y multas, y no tiene el beneplácito de los pueblos donde se va a construir. Condición sine qua non que impone el BID para su ejecución: Paz Social.
• Solidaridad: Los nicoyanos, al igual que el resto de ticos, son un pueblo pacífico, bueno y solidario, ya ha convivido cerca de 25 años con un penal en sus afueras, dentro de dos barrios que se llaman Pedernal y Río Grande. Pero ha habido problemas como el que denunció un vecino: que solo hay dos guardas de noche y algunos reclusos salen a hacer fechorías. Y argumentan que estos problemas se verían aumentados en cantidad y peligrosidad.
• Falta de comunicación: El Ministerio de Justicia ha tenido un pésimo desempeño en comunicación interinstitucional y con el pueblo, pese a que tiene funcionarios de divulgación y enlace con altos salarios para el efecto.
• Endoso del problema: El problema con la sobrepoblación y seguridad carcelaria es un problema del Gobierno y los Tribunales; la ciudadanía no tiene porqué aumentar los índices ya de por sí altos de delincuencia y crimen organizado e inseguridad que generan estos centros penales.
• Cuates: Nicoya es visitada por cientos y hasta miles de personas en épocas de fiestas cívicas de aquí y de otros pueblos cercanos y lejanos como Santa Cruz y Liberia. Los robos y hurtos aumentan fuertemente. ¿Qué pasará con los cuates y amigos que vendrán a visitar a sus pares recluidos y quieran llevarse algún recuerdo o artesanía sin pagarla? Sin querer pensar en daños mayores. ¿Y si se aquerencian y se quedan a vivir en Nicoya?
• No existe manera de que el Gobierno compense al pueblo que decida alojar estos huéspedes. Y es de difícil cumplimiento que garantice ciertas limitaciones, como futuras sobrepoblaciones o de asignar a estos modelos reos de baja peligrosidad, o que no sean reclusos condenados contra la vida o integridad sexual de los demás.
• El Ministro: En el Gobierno del Dr. Abel Pacheco se quiso dar la construcción y administración de una gran cárcel gigantesca en San Carlos a una empresa extranjera. En ese entonces el ministro de Justicia Lic. José Miguel Villalobos, de los pocos que se han sentado en esa silla con nota sobresaliente, se opuso y le costó el puesto.
• El costo: Estamos ante una privatización más, ante una obra por concesión más, mediante otra figura crediticia. Ya se asignó por parte del BID quien elabore los planos y haga el proyecto, se trata de la compañía extranjera CGL A Hunt Company. Lo que viene ya se conoce: Adendas para aumentar el costo de construcción, paralización de obras y futuros pagos indemnizatorios.
• Mala negociación. Estos empréstitos o préstamos internacionales, los aprueba la Asamblea Legislativa con la asesoría de los profesionales de los ministerios correspondiente. Siempre nos dejan en desventaja económica y jurídica frente a los constructores.
• Soberanía: La herencia que arrastramos con los tratados de libre comercio que vendieron como la panacea, se traduce en que Costa Rica pierde su soberanía jurídica, aceptando que cualquier reclamo de compañías extranjeras se pueda hacer en tribuales estadounidenses o tribunales arbitrales extranjeros. Costa Rica presupuesta docenas de millones de dólares anuales para pagar bufetes extranjeros que nos defiendan.
• Planos estafa: Como los planes reguladores que nos vendió España, fueron un copy paste, burdamente hechos. Ninguno sirvió y le debemos a España más de 100 millones de dólares.
• Estafa en el costo: Los planos de un penal prácticamente serán igual a los otros, es solo aumentar o disminuir módulos en los planos y sumar o restar. Es un nuevo copy paste y saldrá en 360 millones de colones cada plano de cada cárcel. La construcción de la obra saldrá en promedio en poco más de 7 mil millones de colones, cada cárcel. ¿Por qué cuando el Estado contrata, los precios se inflan tan salvajemente? ¿Dónde se quedan tantas ganancias?
• ¿Es que no hay profesionales capaces en el país? ¿De qué sirven entonces las universidades si no pueden retribuirle al Estado planes, proyectos, ejecuciones o al menos revisiones?
• Realidad: Las cárceles de Costa Rica son muy superiores a las del resto de Centroamérica, no obstante siguen siendo asquerosas y hacinadas. Pero esa es la realidad propia de una crisis económica que nos asfixia a todos. Somos pobres. ¿Puede darse el lujo el país de seguir endeudándose más para construir 6 cárceles de nivel suizo y estadounidense? Es un crédito que empezaremos pagando nosotros y ni los nietos podrán terminarlo.
Personalmente considero que hay mucho más que se debe escuchar en contra y también a favor. Es tiempo propicio de negociar con el Gobierno y obtener más beneficios que le compensen a estos 6 pueblos el tener en su jurisdicción estas cárceles más grandes y complejas.
*Abogado artista