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Un grupo de agricultores está denunciando lo que consideran una serie de anomalías en relación con la forma en que la Feria del Agricultor de Heredia llegó a ubicarse en el Campo Ferial La Perla.
Consideran que este no es el lugar más apropiado para los productores y esta cadena de situaciones debe ser investigada. La mayor duda es con respecto a la supuesta pérdida de ¢90 millones y una millonaria deuda que hay con la Municipalidad de Heredia.
Sienten que en cualquier momento podrían cerrar la feria, no dejar entrar a productores e incluso desahuciarlos en caso de que no puedan hacer frente a este pago.
Edwin Vargas, presidente del Comité Nacional de la Feria del Agricultor Central; Josué Aguirre, sociólogo; Ricardo Miranda, del Centro Agrícola de Escazú; Alexánder Sierra, del Centro Agrícola Cantonal de Nicoya; y María González, fiscal de la Asociación de los Agricultores de la Feria de Heredia, están liderando el movimiento.
Ellos conversaron con Iary Gómez, gerente general de medios del Grupo Extra, y Sandra Cordero, directora de DIARIO EXTRA, acerca de lo que enfrentan.
¿Cómo se llega a esta situación?
-La Feria del Agricultor de Heredia ha venido con problemas de administración desde el año 2008 cuando nació el proyecto para trasladarla desde la calle 14. Es así como nació un proyecto de casi ¢2.000 millones. Ahí comenzó la odisea para los agricultores. Creemos que a la Municipalidad le interesaba sacar la feria de ahí poniendo de por medio al hospital. Se firmó un convenio que creemos debe ser investigado.
Decían que hay un malestar con la Junta Nacional de Ferias. ¿Por qué?
-Allá por el 2008 sucedieron situaciones en las que la Municipalidad trató a los agricultores como vendedores ambulantes y hay documentos donde el presidente de la Junta Nacional, Wenceslao Bejarano, avalaba eso. En ese año hubo un acuerdo municipal, un documento firmado por el señor Wenceslao y el alcalde municipal, José Manuel Ulate. Este dice en el punto 4 que la Junta Nacional de Ferias se compromete a que el día tal no haya nadie en la calle en avenida 14.
¿Qué argumento dieron para moverlos?
-Lo que se nos dijo es que por la construcción del nuevo hospital se necesitaba trasladar la feria, es cuando empieza un estire y encoge. Había demasiada insistencia de la Municipalidad para trasladar la feria. Creemos que no había afectación alguna para el hospital porque no es hasta el 2017 que pudieron trasladar la feria y en estos siete años no hubo ninguna situación.
¿En qué sentido?
-Luego de que se firma el acuerdo, se viene una represión bastante fuerte. La feria trabajó en la calle sin permiso municipal hasta el 2017, cuando fue trasladada al campo ferial. Siempre se dejaron las vías abiertas para que pasaran los cables y nunca hubo ningún inconveniente con las salidas o las entradas, eso fue falso siempre, no sabemos qué intereses había.
¿Cómo surge la pérdida de la que hablan?
-Se supone que estaban negociando un terreno, por el cual estaban cobrando ¢50.000 para hacer movimientos de tierra para pasar la feria a este terreno, pero resulta que no había estudios de Setena (Secretaría Técnica Ambiental).
¿Cómo se adquiere el nuevo campo ferial?
-El campo ferial se adquirió con ¢1.900 millones que se traspasaron en el 2010 de un empréstito chino al municipio, de ahí lo compraron, compraron un edificio, que tuvieron que remodelar. Hubo una polémica porque aparentemente había intereses de por medio con el edificio que querían comprar, pero una investigación de la Procuraduría de la Ética lo descartó. Eso se compró en el 2010 y duraron siete años para el traslado.
¿Y ustedes dicen que la infraestructura no sirve?
-Vemos que no cuenta con desniveles, gradas, no es apto para la Ley 7600, a veces hay problemas con los techos y sobre la infraestructura tampoco existieron estudios que nos dijeran que ese edificio era amigable con los productos perecederos. No hubo un estudio agropecuario. Y por encima no hubo espacio para que los camiones pudieran estacionarse, entonces los obligaron a pasarse y no solamente eso, tuvieron que ir corriendo a buscar un lugar dónde alquilar para poner los camiones.
¿Hay un problema de costos?
-En la avenida 14, pagaban agua y luz, si acaso ¢1.000 al día, los costos operativos no llegaban a un millón. En cambio, ahora en el campo ferial los costos operativos aumentaron a los ¢14 millones.
¿No se les tomó la opinión a los agricultores?
-Para adquirir el terreno no les consultaron a ellos, no hubo una asamblea donde les dieran la oportunidad y tiene muchas deficiencias de infraestructura. El convenio indica que ellos están únicamente pagando mantenimiento, pero es como un alquiler disfrazado, el reglamento los define a los agricultores como arrendatarios y el dinero fue para establecer un campo ferial justo para los agricultores.
¿Qué papel jugó la Junta Nacional de Ferias?
-Wenceslao Bejarano ha estado como presidente de la junta desde el 2008, ha sido presidente, fiscal, presidente, fiscal, presidente, fiscal. Hoy es el actual presidente de la junta. Él se la juega con base en los vacíos que permite la ley. Los acuerdos los toman en la junta directiva de la Junta Nacional que la conforman los nueve comités regionales a nivel país. La junta debió haberles consultado a todos los agremiados haber hecho una asamblea, pero no lo hicieron.
¿Pero por qué?
-El problema con la Ley 8533 es como si la Junta Nacional de Ferias fuera omnipotente. La junta no está obligada a entregar informes, no está obligada a rendir cuentas.
¿Esta propiedad se usa solo para la feria del agricultor?
-El inmueble está a nombre de la Municipalidad entonces también la plata que se consiguió para la feria, la Municipalidad la termina aprovechando y alquilan espacio para ellos, para hacer actividades.
¿Por qué se hace el cobro de los ¢50.000?
-Antes del campo ferial en La Perla habían conseguido un terreno en San Francisco y les estaban cobrando ¢50.000 a cada tramero para hacer los movimientos de tierra, pero resulta que a unos les dieron un recibo y a otros no. Y como les decía, ese terreno no tenía los permisos de Setena y al final creemos que se perdieron ¢90 millones exactamente.
¿Por qué dicen que se han generado costos extra?
-Para que tengan idea, una cláusula del convenio establece que este tiene que pagar un ¢1 millón por seguridad. Ese convenio no les fue consultado y es un inmueble que es de la Municipalidad. Aparte hay que poner dinero para hacer reparaciones, ese dinero lo tienen que poner los agricultores, tras de eso se le pasa a la Municipalidad y duran hasta 15 días para cambiar una lámina.
¿Ustedes no tienen poder de decisión?
-A nosotros no nos permiten nada, entonces somos propietarios y no propietarios y es nuestro propio terreno, somos tierra de nadie, porque no podemos ni colocar un clavo, porque si colocamos un clavo eso es un problema.
¿Cuál sería el principal reclamo?
-Nosotros nos preguntamos ¿qué estamos haciendo ahí? ¿Para dónde nos llevaron si ese dinero era para nosotros y ahora no tenemos derecho a decir nada? Hubo incomodidad de todos los que habían quedado, los que iniciaron eran 600 agricultores y ahora lo que existe es una minoría de 300 por muchas por situaciones, unos quebraron, otros fallecieron. Con la Municipalidad todavía existe una deuda de ¢300 millones, que son aparte de los ¢90 millones que se perdieron.
¿Cuál es el panorama en este momento?
-Hoy nos presionan y nos dicen que si nosotros no pagamos la deuda nos cierran. Entonces se trabaja tensamente porque los agricultores no saben en qué momento van a llegar y a encontrar los portones cerrados, o en qué momento van a llegar y les van a decir “llévense la mercadería porque no tienen derecho”.
¿Hay una cláusula que indica que, si no pagan a la Muni, esta puede desahuciarlos?
-Yo creo que sí. Ellos (la Municipalidad) son los que controlan la seguridad, a pesar de que no aportan. Tanto la Ley 8533 como el reglamento establecen que la seguridad va a correr bajo responsabilidad de ellos, entonces ¿por qué pagan seguridad privada? Para mí eso está fuera del marco de la legalidad pública y ya tenemos resoluciones que lo demuestran. Otra cosa es que la Municipalidad cree tener el derecho de alquilar el inmueble, de hacer eventos a costillas de lo que pagamos los agricultores.
¿Cómo podría solucionarse el tema de la seguridad?
-La Policía Municipal podría colaborar en coordinación con las autoridades nacionales a fin de garantizar la seguridad de las ferias del agricultor.
¿Ustedes creen que la feria debe trasladarse?
-Aquí hay unas fotos de la infraestructura y los problemas que tiene.
¿Cómo es que se construye con la donación si ya habían recolectado los ¢90 millones?
-Como dijimos, se perdieron ¢90 millones, porque luego se adquiere otro terreno que es el que se adquiere con la plata de la Embajada de China por medio de la Municipalidad. Decimos que se perdieron porque nunca se dieron los permisos para la primera construcción. Al final no dieron el permiso para construir, aunque estaban haciendo movimientos de tierra. Nosotros creemos que ellos sabían que eso no se iba a dar.
¿Por qué se agrupan?
-Luego de ver lo que estaba pasando, tomamos la decisión de que tiene que haber un cambio y se tiene que ver qué está pasando. No es hasta ahorita que se están tomando cartas en el asunto porque ya hay mucha gente que con el tiempo ha ido despertando.
¿Han denunciado toda esta situación?
-Entregamos la información a todos los diputados de la Comisión de Heredia y sabemos que hay un expediente abierto en el Ministerio Público, pero no sabemos en qué estado está porque no nos dan razón.
¿Esos casos podrían estar prescritos?
-Es posible, pero creemos que debe investigarse lo que sucedió.