¡Nos deja el tren!

El pasado martes se aprobó en el Congreso la Ley de Fortalecimiento del Incofer, con el fin de dotar a tan importante institución de las herramientas necesarias para desarrollar el transporte público ferroviario del país y sentar las bases para que cuente con las condiciones económicas, legales y técnicas con miras también a la posibilidad de construir y operar un tren eléctrico en la Gran Área Metropolitana, que beneficie a las miles de personas que necesitan transportarse de manera ágil y eficiente sin el suplicio de las presas en carretera.

La oportunidad es propicia para preguntarnos, en qué momento caímos en la vorágine burocrática que nos impide ser más eficientes en atender las enormes necesidades del país en materia de infraestructura y cuáles son las causas que nos mantienen en un evidente rezago en comparación con otras naciones de la región y más aún con respecto a países desarrollados. 

Podemos elaborar hipótesis desde distintos puntos de vista en materia de legalidad, definición de plazos, asignación de recursos, elaboración de carteles de licitación y contratación, eventual corrupción pública y privada, controles y fiscalización, incompetencia, falta de coordinación o simplemente falta de voluntad.

De la Costa Rica de León Cortés, cuya administración es conocida como “de la varilla y el cemento”, pasamos a un Costa Rica donde las necesarias obras se empantanan durante años con enormes costos económicos y sociales que afectan la calidad de vida de nuestros ciudadanos, la competitividad nacional y el deterioro del stock existente dados los bajos niveles de mantenimiento.

Fue en mayo de 1994 cuando se aprobó la primera Ley General de Concesión de Obra Pública, con el propósito de contar con una fuente de financiamiento alterna para satisfacer las crecientes demandas del sector infraestructura de transportes, la cual no generó los efectos esperados requiriendo diversas reformas sustanciales desde entonces. 

Hoy, parece que el problema no está en el marco legal, sino en la implementación del mismo por parte de las instituciones públicas, pues solo a modo de ejemplo según datos de la Contraloría, el Proyecto Bajos de Chilamate-Vuelta Kooper tardó 574 días entre la firma del contrato y la aprobación de la ley, 77 días más entre la aprobación de la ley y su incorporación en el presupuesto y otros 720 días para el cumplimiento de condiciones previas, lo que representa 3,7 años solo para el inicio de una obra que al poco tiempo de iniciada ya enfrentaba escollos de carácter técnico.

Las responsabilidades debemos asumirlas transversalmente a todos los niveles de la Administración Pública con conciencia de realidad y deseos de mejorar, pues poco a poco y cada vez de manera más evidente nos está dejando el tren del desarrollo por fallas estructurales a lo interno de la institucionalidad. Basta con mencionar la denuncia de la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes, de que los recursos que faculta la reciente Ley que aprobamos para la red vial cantonal, no se encuentran incluidos dentro del Presupuesto Extraordinario por parte del Gobierno. 

Estudios y diagnósticos
sobran en estos temas.
¿Pero qué hacer entonces?

Tanto la Contraloría, el Programa Estado de la Nación y especialistas en el área, coinciden en diversos aspectos: fortalecer la capacitación, formación y selección de funcionarios públicos encargados de la tramitación y elaboración de carteles de licitación, lo cual reduce las objeciones que tiene que resolver la Contraloría y demás entes encargados; mejorar la coordinación y planificación interinstitucional para definir bien las especificaciones de lo que se pretende en cada proyecto de manera ágil e integral, así como en temas relacionados con permisos municipales y de impacto ambiental; implementar el expediente electrónico en materia de contrataciones y concesiones; transparencia y publicidad en el sistema de compras públicas; mejorar la Ley de Expropiaciones en cuanto a plazos y apelaciones; aplicar la ley en materia de idoneidad de los cuadros profesionales, pues las fallas en los procedimientos deben ser la excepción y no la regla en estos temas y, fundamentalmente, unir esfuerzos entre actores políticos para priorizar en este ámbito de interés nacional. 

Las leyes nos facultan para actuar de manera decidida y con carácter de urgencia nacional, es cuestión de aplicarlas como corresponde, sin mezquindades ni dubitaciones. Los jerarcas no pueden continuar avalando con su indiferencia y falta de voluntad el rezago en materia de desarrollo, competitividad y mejora de la calidad de vida en el país y los mandos medios, no pueden continuar entrabando la toma de decisiones.

Si no somos capaces de actuar hoy, el futuro cercano será cada vez más difícil en ordenamiento urbano, facilitación del comercio, atracción de turismo e inversiones, seguridad ciudadana, salud y educación en condiciones de calidad y especialmente, en la capacidad de reducir riesgos que implica para todos el cambio climático. 

¡Nos deja el tren!… pero aún estamos a tiempo.

*Diputada Partido Liberación Nacional