Normas de ejecución al Poder Judicial irán a Sala Constitucional

Las normas de ejecución presupuestaria que imponen restricciones al uso de recursos y a la contratación de personal del Poder Judicial serán llevadas ante la Sala Constitucional, luego de que la mayoría de la Comisión de Asuntos Hacendarios rechazara las mociones presentadas para eliminarlas del presupuesto nacional de 2027.

Las mociones para suprimir las normas fueron respaldadas por cuatro diputados más de las bancadas de oposición y rechazadas por seis, en su totalidad del Partido Pueblo Soberano.

“Por la tendencia que hemos visto en la aprobación de estas mociones, es claro que vamos a tener que hacer la consulta constitucional una vez que se dictamine este presupuesto para que sea la Sala IV la que defina precisamente la inconstitucionalidad de las mismas”, manifestó Ángela Aguilar, diputada de Liberación Nacional (PLN).

Una de las principales objeciones se dirige a la norma 9, que mantiene bloqueados ¢29.843 millones del presupuesto judicial hasta que se presenten estados financieros auditados del fideicomiso inmobiliario de 2015, la Contraloría General de la República certifique el cumplimiento de disposiciones de auditoría y la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público y el Plenario aprueben la liberación de los fondos.

Aguilar señaló que la medida afecta recursos para servicios informáticos, equipos de cómputo, comunicación y mantenimiento de edificios.

La diputada del Frente Amplio (FA) María Eugenia Román sostuvo que el congelamiento se suma a un recorte directo de ¢10.552 millones previsto para 2027, por lo que la afectación conjunta alcanzaría ¢40.396 millones, equivalente a una disminución del 7,46% respecto al presupuesto de 2026.

“Este bloqueo afecta a todos los programas más importantes del Poder Judicial, especialmente al OIJ y al Ministerio Público. Mientras el Poder Ejecutivo exige al Poder Judicial que cumpla con sus funciones, le recorta los recursos para que no pueda realizar su trabajo”, afirmó Román.

La norma 10 también fue cuestionada porque impide al Poder Judicial trasladar recursos entre subpartidas de determinadas partidas presupuestarias sin un presupuesto extraordinario aprobado por la Asamblea Legislativa.

Los diputados advirtieron que esto podría obligar a tramitar por esa vía ajustes para cubrir necesidades urgentes.

Diana Murillo, del PLN, señaló que la aprobación de un presupuesto extraordinario puede tardar hasta 93 días naturales, sin contar el tiempo que requiere Hacienda para preparar y presentar el proyecto. A su criterio, ese plazo podría dificultar que las instituciones atiendan necesidades operativas oportunamente.

“Reduce la flexibilidad para responder a variaciones reales durante el ejercicio presupuestario. Restringe el mecanismo utilizado históricamente para reasignar excedentes contractuales no utilizados, incluida su aplicación al financiamiento del fideicomiso. Un ajuste que hoy puede resolverse administrativamente podría pasar a depender de un procedimiento legislativo que normalmente se utiliza de excepción”, manifestó Murillo.

Las legisladoras también cuestionaron la norma 12, que condiciona la utilización de plazas vacantes a un estudio técnico de la Contraloría, el conocimiento de la Corte Plena y la aprobación final de una comisión legislativa.

Aguilar afirmó que la disposición abarca programas que representan el 99,5% del presupuesto judicial y mencionó que existen 2.463 plazas vacantes.

“Si se debilitan estas plazas, se fractura la cadena penal y se pone en riesgo la capacidad del Estado de proteger a las víctimas y testigos, sostener las acusaciones en juicios y lograr condenas contra la delincuencia”, aseguró la legisladora.

La comisión mantiene 122 mociones pendientes de discusión y continuará sesionando el próximo lunes.

Ángela Aguilar

Diputada PLN

“En un momento donde la delincuencia crece, también el crimen organizado, el tráfico de drogas, esperaríamos más bien que el Poder Judicial tenga el dinero de la manera más oportuna y no que se presenten barreras como lo son las normas presupuestarias que hay en el documento”.

Nogui Acosta

Diputado PPSO

“El Poder Judicial no debe estar excluido de la rendición de cuentas, uno podría cuestionar qué tan eficientemente se están utilizando algunos de los recursos y, en este sentido, queremos que se mantengan estas normas. Los costarricenses merecen saber cómo se usan los recursos de los impuestos que ellos pagan”.

Salvador Padilla

Diputado PLN

“Es una clara intención de tratar de asfixiar al Poder Judicial, ponerlo a fallar a través del presupuesto. Estamos muy preocupados porque, al tener ellos mayoría, rechazaron todas las mociones que pretendían enmendar esta situación y la interferencia abierta del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial”.

María Eugenia Román

Diputada FA

“Es muy lamentable que la fracción de gobierno no escuche razones, fundamentos, no revise la misma jurisprudencia constitucional, ni acate que la Constitución Política establece límites de acción para que el Poder Ejecutivo no tenga injerencia en los otros poderes de la República”.