Nombre de accionistas de autobuseras es público

La Sala Constitucional ordenó al Consejo de Transporte Público (CTP) entregar toda información que tenga disponible sobre las empresas de autobuses, sus propietarios y accionistas.

Esto al fallar a favor de Marlene Madrigal, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), luego de que se le negara en reiteradas oportunidades el acceso a dichos reportes.

La legisladora pidió una copia certificada de cada una de las declaraciones de todas las empresas concesionarias y permisionarias de transporte público en la modalidad autobús con la información de la naturaleza y propiedad de las acciones o cuotas de las representadas.

Sin embargo Mario Zárate, director ejecutivo del CTP, se negó a cumplir con la solicitud aduciendo que debía consultar con los propietarios de las líneas, pues a su parecer la información era de carácter privado y sensible.

De acuerdo con la resolución No.2018-002-414, perteneciente al expediente 17-018904-0007-CO, se ordena a Mario Zárate o a quien ocupe el cargo de director ejecutivo entregar los documentos en un plazo improrrogable de 5 días.

No es la primera vez que el CTP se ve envuelto en un proceso de este tipo, pues durante el año anterior la Asociación de Desarrollo de Quepos interpuso un recurso igual por información no proporcionada.

DIPUTADA BUSCA 

A DUEÑOS REALES

Tras la resolución, DIARIO EXTRA conversó con Madrigal sobre el trasfondo de su solicitud y los motivos que conllevaron a que interpusiera el recurso antes las autoridades nacionales.

La legisladora aseguró que desea conocer la realidad de las empresas de autobuses y sus propietarios, con cuántas cuenta cada uno y si estarían violentando los estatutos y normativas que rigen esta materia.

“En este país dicen que un empresario no puede tener más de dos rutas, pero por otro lado existen varias empresas con más de una ruta. Lo que queremos es conocer la parte accionaria de cada ruta”, manifestó.

“La riqueza no puede estar en pocas manos, tiene que estar distribuida, es la única forma para combatir la pobreza. Tanto que hablamos de empleo y riqueza distribuida, esto ayuda a que se den mejores salarios”, añadió.

Madrigal espera que le entreguen los archivos de la más de 450 concesiones que existen actualmente para llevar a cabo una investigación que determine si en realidad están en manos de algunos cuantos.

De no cumplirse la orden de la Sala IV, la ley está capacitada para imponer prisión de 3 meses a 2 años o de 20 a 60 días multa a quien no acate la orden girada.