La polémica en torno a los nombramientos irregulares en la Cancillería provocó que Karine Niño, presidenta de la Comisión Permanente de Asuntos Internacionales, presentara una consulta jurídica a la Procuraduría General de la República (PGR).
La consulta busca aclarar dudas respecto a la interpretación legal del artículo 9 del Estatuto del Servicio Exterior (Ley 3.530).
Dicho artículo establece cómo debe organizarse el servicio exterior. La división va por tipo de diplomático, de cónsul, servicio interno y categoría.
Explica, por ejemplo, que los embajadores serán aquellos en primera categoría y en el servicio interno podrán desempeñarse como directores de no estar nombrados en el exterior.
De la segunda a la sétima categoría se encuentran los ministros o consulares diplomáticos, los consejeros o cónsules generales de segunda clase, los primeros secretarios o cónsul de primera clase, segundos secretarios o cónsul de segunda clase con más de 4 años de servicio, los terceros cónsules o vicecónsules y los agregados o agregados consulares, respectivamente.
La duda surge luego de que Epsy Campbell, canciller de la República, designara como directora general y directora adjunta de Política Exterior a Adriana Murillo y Carolina Fernández.
Para estar en ese puesto el diplomático debe tener rango de embajador, empero Murillo es consejera y Fernández primera secretaria.
A estos nombramientos irregulares, Campbell designó en la Comisión Calificadora del Servicio Exterior a Natalia Córdoba Ulate, directora Jurídica; así como a Catherine Rivera McKinley y Tathiana Flores Acuña, sus asesoras del despacho, quienes ni siquiera son diplomáticas de carrera.
Esa decisión roza el artículo 44 del estatuto.
“Lo que estamos haciendo es una consulta directa, formal al procurador, para que sea él el que emita el juicio de valor correspondiente de cuál es la responsabilidad de haber hecho estos nombramientos contrarios a lo que indica el estatuto y así de otra forma evidenciar cuáles son los problemas inclusive que existen internamente en la Cancillería”, aseguró Niño.
En cuanto a la posición dada por Campbell en la conferencia posterior al Consejo de Gobierno del 19 de julio sobre que lo expuesto en el artículo es “una referencia”, Niño indicó que en lugar de buscar interpretaciones la Canciller debió acudir al órgano procurador.
“La Procuraduría en este caso es el que tiene que dar de una vez por todas una respuesta certera y correcta. Es hora de que cambiemos el discurso”, añadió la legisladora.
Cabe señalar que la consulta jurídica sustenta con el artículo 11 de la Ley General Pública, así como con el voto 440-98, la supuesta transgresión al principio de legalidad al que habría incurrido la Cancillería al hacer las designaciones de Murillo y Fernández.
También hace énfasis al artículo 191 y 192 de la Constitución Política referentes a la eficiencia de la administración y la idoneidad comprobada.
ESTIRA Y ENCOGE EN CANCILLERÍA
9 de julio: Epsy Campbell nombra de forma irregular a Adriana Murillo y Carolina Fernández, directora y directora alterna de Política Exterior.
13 de julio: Sin avisar a nadie, Campbell juramenta Comisión Calificadora, donde hay tres integrantes que también incumplen los requisitos.
19 de julio: Campbell defiende nombramientos al margen de la ley y asegura que el estatuto es una referencia.
24 de julio: Se solicita una encerrona para analizar posición del sindicato de diplomáticos de carrera sobre las designaciones irregulares.
26 de julio: Se conoce renuncia de Andrea Arroyo Mora como vicepresidenta del sindicato ante la falta de acción y posición ante las irregularidades.
27 de julio: La diputada Karine Niño presenta una consulta jurídica sobre la interpretación del estatuto a raíz de las designaciones.