Además de la consulta jurídica a la Procuraduría General de la República presentada este viernes por la diputada Karine Niño, las designaciones irregulares en la Cancillería también se investigarán en la Asamblea Legislativa.
Este lunes, en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, se analizará una moción para llamar a cuentas a la también vicepresidente de la República por nombrar a la consejera Adriana Murillo y a la primera secretaria Carolina Fernández como directora general y directora adjunta de Política Exterior. Dichos nombramientos rozan el artículo 9 del Estatuto del Servicio Exterior (Ley No.3530), ya que para ocupar una dirección dentro de la Casa Amarilla el funcionario debe tener el rango de embajador.
De acuerdo con Jonathan Prendas, presidente de la Comisión, la idea es investigar no solo las razones que llevaron a la Cancillería a nombrar a Murillo y Fernández al margen de la ley, sino indagar los ajustes en salarios que provocaron los movimientos.
La preocupación surge porque, según la tabla de equiparaciones de funcionarios (con corte al 30 de junio de 2018), un consejero en el servicio interno debe percibir un salario base de ¢963.650, mientras que un embajador ¢1.174.950. Ambos montos sin contar pluses.
En el caso de los primeros secretarios en el servicio interno el salario base es de ¢820.600.
Lo anterior puede traducirse en que tanto Murillo como Fernández percibirían al mes cerca de ¢211.000 y ¢354.000 de más, sin cumplir con los requisitos.
“Estamos preparando una moción de investigación para indagar el proceder de la Cancillería porque estamos hablando de dineros públicos pagados a funcionarios que en teoría no se les debería pagar”, destacó Prendas.
La moción se verá en la sesión de este lunes por la noche.
El legislador del Partido Restauración Nacional espera que Campbell eche marcha atrás con los nombramientos de Murillo y Fernández, así como de otros que no cumplen con los requisitos, como los que informó DIARIO EXTRA sobre la comisión calificadora del Servicio Exterior.
El viernes 13 de julio la canciller juramentó a los siete miembros de ese foro, de los cuales tres no son ni siquiera parte de la carrera diplomática.
Se trata de Natalia Córdoba Ulate, directora jurídica; Catherine Rivera McKinley (hija de Ann McKinley, expresidente de Japdeva) y Tathiana Flores Acuña, asesoras del despacho.
“A mí no me interesa lo que otras administraciones hicieron. Me interesa que esas prácticas se acaben, que se cumpla lo que dice la ley”, sentenció.