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El diputado y subjefe de fracción del oficialismo, Juan Manuel Quesada, expresó su posición luego que la Corte Plena devolvió al Congreso la lista de magistrados suplentes de la Sala IV.
“La Corte Plena no puede obligar a esta Asamblea Legislativa, a nombrar a los magistrados suplentes de la Sala Constitucional que ella propuso. La Corte debe entender que este país cambió. Los costarricenses exigen cambios, no queremos a los mismos de siempre. Nosotros como diputados debemos atender el llamado de la gente”, señaló el legislador, quien fue jerarca del AyA en la pasada administración.
La postura de Quesada no fue la misma que la del jefe de fracción de Pueblo Soberano, Nogui Acosta, ni de la presidenta del Congreso, Yara Jiménez.
Luego de la reunión que Jiménez mantuvo este martes, con el magistrado presidente de la Corte Plena, Orlando Aguirre, la también oficialista explicó que esperarán ser notificados para tomar una posición formal del tema.
“Lo que nosotros buscamos es que los costarricenses contemos con un proceso natural de una justicia pronta y cumplida. Así que nosotros nos mantenemos firmes en la convicción de que las cosas deben hacerse tal cual lo hemos expuesto”, afirmó Jiménez.
La polémica escaló cuando los expresidentes Óscar Arias Sánchez, Abel Pacheco, Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla, José María Figueres, Miguel Ángel Rodríguez, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado suscribieron una nota conjunta.
En el documento, los exgobernantes advierten que paralizar el Tribunal Constitucional no es una simple diferencia política, sino un hecho que pone en riesgo la protección de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.
“La negativa de nombrar a los magistrados suplentes no constituye un hecho menor… sus consecuencias pueden afectar la capacidad del tribunal para cumplir la misión que la Constitución le encomendó”, sentenciaron los exjefes de Estado.
El enfoque principal de esta crisis reside en el Congreso, donde la fracción de gobierno se ha negado a votar la lista de candidatos remitida por la Corte Suprema de Justicia. Esta postura llevó a la Asamblea a devolver la nómina al Poder Judicial tras 11 rondas de votación fallidas, un acto que dentro de la Corte se califica como una “falta de voluntad” y una situación sin precedentes técnicos.
Nogui Acosta, jefe de la fracción oficialista, justificó la posición de su bancada argumentando deficiencias en la conformación de la lista.
Acosta mencionó que, desde su perspectiva, la nómina conocida anteriormente estaba incompleta.
“La Corte tiene un procedimiento en donde hacían falta tres, se abrió el concurso. Veremos a ver qué nos envían”, afirmó el legislador, añadiendo que la decisión de la Corte debe ser formal para que ellos puedan tomar una determinación en el momento procesal oportuno según el reglamento legislativo.
El magistrado Aguirre defendió con vigor la integridad del proceso de selección. Aseguró que la lista enviada reúne todos los requisitos de idoneidad, con investigaciones rigurosas sobre antecedentes académicos y trayectoria profesional de los candidatos, cumpliendo además con la proporcionalidad de género.
Ante la insistencia de los diputados por una nueva lista, Aguirre fue enfático al señalar que la Asamblea debe cumplir con su mandato constitucional.
“Nosotros no compartimos [la devolución] y dispusimos devolver la lista porque pensamos que de acuerdo con el artículo 164 de la Constitución Política, la Asamblea debe resolver lo que corresponda”, manifestó el magistrado presidente.

