Costa Rica enfrenta un desafío fiscal que requiere medidas urgentes para mejorar la recaudación de impuestos. Sin embargo, no es admisible que, en lugar de combatir la evasión y la elusión fiscal, se insista en cargar con más tributos a quienes ya cumplen con sus obligaciones.
La propuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de imponer un gravamen del 13% sobre los servicios educativos y de salud privados es una medida injusta, que golpea directamente a los consumidores y desincentiva el acceso a estas necesidades.
Actualmente, los servicios de educación privada -colegios, escuelas y universidades- están gravados con un 2%, mientras que los servicios médicos privados pagan un 4%.
Subir el tributo al 13% no solo representa un incremento desmedido, sino que encarecerá el acceso a la educación y la salud, en un país donde ya de por sí la educación pública enfrenta serias deficiencias y la Caja Costarricense de Seguro Social no logra atender la creciente demanda de pacientes con tiempos de espera razonables.
Los más afectados serán los estudiantes y los pacientes, no las instituciones o los médicos.
En un país donde la educación pública enfrenta serios problemas de calidad, muchas familias hacen un esfuerzo extraordinario para enviar a sus hijos a escuelas y universidades privadas.
Castigar ese esfuerzo con un aumento en el IVA es, sencillamente, inaceptable. Lo mismo sucede con la salud: muchas personas recurren a clínicas y hospitales privados porque la Caja no tiene capacidad para atenderlos de manera oportuna. ¿Es justo que ahora deban pagar más por acceder a una consulta o un procedimiento médico?
El problema de fondo es que, en Costa Rica, la evasión y la elusión fiscal continúan como un lastre para las finanzas públicas. Según estimaciones del Ministerio de Hacienda, el país pierde anualmente miles de millones de colones debido a lo que no se percibe por dichas prácticas.
No se trata de que el sector privado pague más, sino de que quienes evaden aporten lo que les corresponde. Antes de imponer más cargas sobre quienes ya cumplen, el Gobierno debe reforzar sus mecanismos de fiscalización, cerrar portillos legales que permiten la elusión y sancionar con mayor rigor a quienes incumplen.
Cada vez que se plantea un nuevo gravamen, se repite la misma historia: se castiga al contribuyente formal, al empresario que genera empleo, al trabajador que sí tributa. Mientras tanto, las grandes fugas fiscales permanecen sin atenderse con la seriedad que ameritan.
Si el país aspira a resolver su crisis fiscal, el camino no es encarecer la educación ni la salud de la población. El país necesita mejorar la eficiencia en la recaudación, hacer un uso responsable de los recursos públicos y asegurarse de que todos paguen lo que deben.
El sector privado no puede seguir siendo el chivo expiatorio de un problema que radica, en buena parte, en la incapacidad del Estado para combatir la evasión y la elusión fiscal. Es momento de cambiar la narrativa y buscar soluciones que realmente fortalezcan las finanzas públicas sin afectar a quienes ya cumplen con sus obligaciones.
