Roger Corrales, quien presentó una denuncia en contra de la defensora de los habitantes, Catalina Crespo, por el presunto delito de incumplimiento de deberes, compareció ante los diputados de la República.
Posterior a su presentación ante los legisladores, Corrales brindó declaraciones a DIARIO EXTRA y aseguró que no se le están violentando los derechos a la funcionara pública, además, enfatizó en que se ha invisibilizado el fin de su denuncia: la atención de la ciudadanía en entidades públicas.
¿Qué valoración hace posterior a su comparecencia?
-Lo que quisiera dejar en claro es dar contexto a que el problema que tenemos tiene nombre y se llama anomia. Eso está regulado en el artículo 29 de la Constitución Política. Tenemos un problema en la Defensoría de 16 años. Desde 2006 se creó la Ley de Iniciativa Popular y se le atribuyó a la Defensoría la competencia de establecer oficinas en todas sus sedes para dar asesoramientos en proyectos de ley y a la fecha de hoy no se ha hecho.
¿Cuáles podían haber sido las acciones que la defensora habría omitido?
-Hacer una consulta a la Procuraduría General de la República en el sentido de cuál es la interpretación que se le debe dar al artículo 7. Supongo yo que, en mis tesis, que la Procuraduría lo que debió decir es que sí debe abrir las oficinas porque la ley lo pide, o emitir cartas en el asunto y emitir un reglamento legislativo para que se organizara desde la Defensoría. Ese reglamento tiene la lista de dependencias o departamentos que les corresponde.
¿Qué lectura hace sobre la posición de la Defensoría?
-La parte internacional, la Defensoría, los medios de prensa, no La Extra, y diputados que han salido ante los medios que han declarado que mi denuncia no tiene pies ni cabeza, están invisibilizando mi denuncia. Las organizaciones de Derechos Humanos internacionales también. Pareciera que los derechos personales de la defensora son más importantes que la democracia directa que se logra en la participación ciudadana a través de la elaboración de un proyecto de ley.
¿Por qué cree que se da la invisibilización?
-La invisibilización de mi denuncia es lo que reclamo a todos. Ahorita ¿qué ha pasado? Que se ha hablado más de los derechos de la defensora que de los derechos de los ciudadanos y de la democracia directa. Y si le preguntan a la gente qué es lo que está pasando, creo que la óptica imperante es que les violentan a los derechos de la defensora.
¿Qué argumentos usa usted para decir que hay una violación al marco legal?
-En 2003 se hizo una reforma y se les dio a los ciudadanos la participación en el gobierno de la República de Costa Rica. Esto se regula a través de leyes concretas como la Ley de Iniciativa Popular, que es la participación de los ciudadanos en el Poder Legislativo, y así también hay leyes para participar en otros poderes de la República. Las oportunidades de participación ciudadana son pocas, porque por el principio de legalidad deben estar regladas y esta no se regló debidamente porque nunca se emitió el reglamento.
¿Cuál es el propósito de la denuncia?
-Que se cumpla la ley. Hay que entender algo: la ley se violó.
¿Cree que los derechos de la defensora de los Habitantes se han violentado?
-Creo que a la defensora no se le están violando los derechos por cuestiones puramente técnicas. Todavía no ha llegado el momento de procesar, en el que se le puedan violar los derechos porque los derechos se violan cuando se hace el traslado de cargos mal o no se da una verdadera defensa o acceso al expediente. El acceso al expediente lo ha tenido, aunque no sea el definitivo, pero lo ha tenido.
¿Su intención es que se vaya la defensora de los habitantes?
-Tanto que quiera que se vaya o permanezca no. Lo que critico es que la ley sea tan estrecha de que la única manera de poder llamar a un proceso disciplinario a la defensora sea únicamente con la única posibilidad de ser destituida porque si ese procedimiento hubiera sido más proporcional, habría otro tipo de sanciones, como una amonestación o declarar una acción non grata o algo así que sería más simbólico y podría haber suspensiones.
¿Cree que la denuncia se politizó?
-Considero que la defensora tiene derecho a su debido proceso y que debe ser respetado como cualquier ciudadano y persona en Costa Rica, pero la particularidad de esta comisión es que no tiene la facultad de hacer una imputación, acusación o traslado de cargos, sino que la comisión tiene un propósito distinto, que es hacer una investigación para determinar cuáles han sido los cargos. Entonces, un debido proceso en su estructura básica que es notificar los cargos durante un periodo para que sean contestados, se ejerza el derecho de defensa y se presente prueba de descargo, eso no forma parte de los descargos de la comisión. La comisión no tiene la posibilidad real jurídica de violar el debido proceso.
¿Qué cree que hay detrás de todo esto?
-Más bien siento yo, que por la presión internacional del prestigio de la defensora de los habitantes, que para ayudar un gran apoyo se demuestra en el revuelo pero no hace falta porque la comisión no está haciendo la acusación.
¿Qué factores han influido y politizado lo que comenzó como una denuncia por una iniciativa popular?
-Uno tiene conocimiento por medio de Facebook, WhatsApp, llamadas telefónicas. Al final me di cuenta de algo que no mencioné en la comisión y es que hay muchas personas que están conversando en Costa Rica y son afirmaciones, que no sé si son o no ciertas, acerca de que se aprovechó la denuncia para hacer un complot político en la Defensoría y lo que dicen esas conversaciones es que lo que se pretende hacer es que al ser destituida la defensora se cambie de manera prematura, es decir, antes de la finalización de su periodo y que se haga una reestructuración o cambios en la planilla y se ubiquen ahí los asesores del PAC que se van a quedar sin trabajo, pero no tengo la manera de saber si es cierto o no.
¿Qué tipo de valoración hace sobre esos rumores que se han escuchado?
-De todo lo que se ha dicho de esos rumores y todo lo que han salido en diferentes medios donde se denota una cosa muy importante: que todas estas personas no le dan ningún valor y sentimiento de análisis a mi denuncia. Hay muchas observaciones que dicen que no tiene ni pies ni cabeza, pero no la conocen, no la quieren estudiar en qué consisten.
En caso de que los diputados consideren que su denuncia es improcedente, ¿qué acciones tomaría?
-Iré a la Sala Constitucional. Tengo la posibilidad que me da la ley de interponer una acción ante la Sala IV por omisión, es decir, cuando existe un vacío legal donde a través de un medio legal y constitucional se establece la obligación de emitir esa regla o ley. Es más, tengo dos, porque por el mismo caso que yo llegué a la Defensoría que es el vacío legal por falta de una ley que proteja el derecho al trato equitativo de los consumidores y usuarios, que esa ley no existe.