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El ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, aseguró a Diario Extra que espera que la decisión de los magistrados de no renovar su permiso sin goce de salario para ocupar un cargo en el Gobierno no sea una “mordaza” por las críticas que ha hecho a la gestión judicial. “Hemos trabajado arduamente en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, denunciando a 29 funcionarios que cometieron irregularidades y enfrentándonos a jueces de ejecución cuando liberan personas en contra de un criterio técnico.
“También hemos cuestionado la postura del fiscal general, e incluso participé en la marcha. Por eso, no quisiera pensar que esta decisión es una mordaza por haber expresado mi opinión sobre lo que considero ha estado mal durante muchos años”, puntualizó Campos. Al ser consultado sobre si apelará la decisión, el ministro explicó que debe esperar la notificación oficial antes de tomar una determinación. “Estoy esperando la notificación oficial para valorar si presento una reconsideración o no. Lo que sí me extraña es que, por primera vez en la historia del Poder Judicial, un permiso otorgado y prorrogado por más de tres años sea negado”, añadió. En la votación, solo 12 magistrados concedieron el beneficio, mientras que los otros 10 lo rechazaron.
Sin embargo, el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que se requiere un acuerdo adoptado por las tres cuartas partes del total de magistradas y magistrados para otorgar el permiso, es decir, 17 votos.
Patricia Solano fue una de las magistradas que tomó la palabra. Para ella, es inconveniente que los funcionarios del Poder Judicial pasen al Ejecutivo y luego regresen a la judicatura.
“Se me hace inconveniente que personas de alta gerencia vayan al Ejecutivo y luego regresen al Poder Judicial. Esto genera un problema de politización de las acciones judiciales. En algunos países, como Panamá, esto está debidamente reglamentado, y quienes ocupan cargos en el Ejecutivo no pueden reincorporarse al Poder Judicial hasta dos períodos después”, destacó Solano.
Ante esta controversia, consultamos al abogado administrativo Luis Rodríguez, quien señaló que, en primera instancia, el ministro debe presentar un recurso de reconsideración ante los magistrados. Si este es rechazado, podría recurrir al Tribunal Contencioso Administrativo.
“Este proceso tarda varios años, por lo que sería difícil que se resuelva antes del plazo previsto. No obstante, él también podría solicitar una medida cautelar para dejar sin efecto la resolución. Sin embargo, debe demostrar una situación de urgencia”, concluyó Rodríguez.