No queremos que Costa Rica se convierta en otra Venezuela

El país sufre, hace varias décadas, la ausencia de políticas públicas bien definidas que sean sostenibles en el tiempo y que orienten al Gobierno la ruta a seguir, independientemente de los resultados electorales cada cuatro años; esa inobservancia política, con poca visión socioeconómica, está marcando cada día más pobreza y desigualdad, tal como sucedió en Venezuela, en las décadas de los años 70 y 80, y que conforman el momento idóneo para preguntarnos si queremos que Costa Rica se convierta en otra Venezuela.

En nuestro país hay 305.231 hogares cuyos ingresos mensuales promedio son menores a ¢99.238 y, por lo tanto, no cubren las necesidades básicas. De estos hogares, hay 86.663 en pobreza extrema, que son aquellos cuyos ingresos mensuales promedio son ¢46.976 y, por lo tanto, ni siquiera les alcanza para la comida básica. Así de desigual es nuestra Costa Rica.

En 1989, durante el Gobierno de Carlos Andrés Pérez, Venezuela sufría una crisis económica, producto de años de corrupción, gobiernos irresponsables que despilfarraron a manos llenas las riquezas del país y también producto de ausencias de políticas fiscales, lo que provocó que el Fondo Monetario Internacional sometiera al país suramericano a una serie de políticas económicas, para evitar un desequilibrio financiero, pero con gran afectación social.

La solución al problema del déficit fiscal venezolano en esa época fue muy predecible, un “paquetazo de impuestos”, que incluía solo 18 productos de la canasta básica excluidos de impuestos, incremento de las tarifas de servicios públicos como electricidad, teléfono, agua, aumento de los precios en los productos derivados del petróleo, un aumento del 30% en las tarifas del transporte público y, por supuesto, reducción del déficit fiscal a no más del 4% del Producto Interno Bruto (PIB).

Tal medida impositiva provocó una protesta inmediata, disturbios populares, olas de violencia, caos y destrucción desde el 27 de febrero, que finalizaron el 8 de marzo de 1989 en Caracas, con un saldo de 3 mil personas fallecidas y cientos de desaparecidos en un enfrentamiento entre el pueblo y el Ejército venezolano. 

La capital de Venezuela, Caracas, ciudad construida de este a oeste, que se encuentra protegida por el cerro Ávila y un esplendoroso macizo montañoso, para ese momento se había convertido de manera espontánea en un Armagedón apocalíptico, cuya confrontación social provocó un desastre que fue bautizado como El Carazo, triste episodio en la historia de humanidad.

Hago esta pequeña crónica porque la historia mundial nos ayuda a que no se cometan los mismos errores del pasado. Lo que nos ocurre como país es muy similar a lo que aconteció al pueblo venezolano en aquella época; estamos frente a un paquetazo de impuestos, y lo que no han querido entender los políticos es que con el hambre del pueblo no se juega.

Es preocupante la pésima gestión de la Asamblea Legislativa en los últimos doce años, pero en la actual es aún más preocupante e increíble observar cómo, tanto el Poder Ejecutivo y el Legislativo, en casi cuatro años, no lograron un acuerdo para abordar el serio problema del déficit fiscal y al cierre de su legislación, de manera inverosímil, en 20 minutos, 39 diputados junto con el aval de Fabricio Alvarado, excandidato presidencial y de Carlos Alvarado, presidente electo, el cual pretende imponer la vía rápida legislativa para aprobar un paquetazo de impuestos.

Se debe tener calma y mesura a la hora de tomar decisiones de tal magnitud, máxime que en el caso de Impuesto de Valor Agregado (IVA) afectará la esfera de intereses y obligaciones de poco más de 2 millones de trabajadores, pero más aún cuando los sectores más desprotegidos de la población no tienen mecanismos para enfrentar la subida de impuestos en bienes y servicios. 

Para ser más puntual, realizo el siguiente ejemplo con dos servicios públicos indispensables: agua y electricidad. Si una familia consume más de 250 kW/h tendrá que ajustar sus bolsillos porque pagará el nuevo impuesto; de igual manera si una familia utiliza por encima de 30 metros cúbicos de agua, se le aplicará el impuesto 13 % por concepto de IVA, lo anterior deja al descubierto que las familias de la clase media y las más humildes tendrán un gran detrimento de su calidad de vida, con dos agravantes; primero la pérdida del poder adquisitivo de los salarios (las cosas cada vez más caras y menos salario para comprar) y en segundo lugar este tipo de impuesto indirecto carece de razonabilidad y proporcionalidad a la hora de ser aplicado, porque no toma en consideración el ingreso familiar o del trabajador.

Desde los sectores sindicales, hacemos un llamado a un verdadero diálogo social, entre todos los involucrados en las políticas económicas del país, a un punto de encuentro abierto, honesto y responsable. Porque para sacar a este país hacia adelante, todos tendremos que ceder y todos tendremos que aportar, pero bajo las posibilidades y capacidades económicas de cada sector, pero sobre todo utilizando la razonabilidad y proporcionalidad para imponer nuevas cargas tributarias. 

En nuestro país, al igual que el resto del mundo, se liga al sindicalismo con ideologías políticas de izquierda, por tal razón a los dirigentes sindicales se nos estigmatiza como comunistas y socialistas, pero lo cierto es que tenemos, dentro del movimiento sindical, una gran gama de ideologías y, como es mi caso, me identifico como un verdadero socialdemócrata, y al igual que la mayoría de compatriotas, no queremos que Costa Rica se convierta en otra Venezuela.

*Presidente de la Confederación Rerum Novarum y Secretario General del Sindicato Nacional de Enfermería