Erwen Masís, representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), aseguró que no puede pedir investigaciones sobre presuntas anomalías con contratos con el productor Christian Bulgarelli.
Así lo aseguró ante la Comisión legislativa que investiga una serie de contratos del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart)
ANTECEDENTE
El Sinart contrató como proveedor a la empresa RMC La Productora, propiedad de Bulgarelli.
Cabe señalar que el productor audiovisual fungía como asesor de Casa Presidencial.
Bulgarelli participó en el diseño de una contratación de servicios de comunicación por $300.000 (aprox. ¢155 millones) financiados por el BCIE.
Posteriormente, el contrato incrementó a $450.000 (¢232,5 millones) y el ganador fue precisamente el productor. Los recursos fueron pagados con donación de $1 millón (¢514 millones) del BCIE a Costa Rica.
No obstante, quién habría redactado los requisitos para el contrato de publicidad fue Bulgarelli con ayuda de Federico “Choreco” Cruz, exasesor presidencial; es decir, quién puso las condiciones para el cartel fue quién coincidentemente ganó el contrato.
RESPUESTAS
Con ese antecedente, el diputado de Liberación Nacional (PLN) Francisco Nicolás consultó a Masís si pidió investigar las supuestas anomalías en contratos así como incluir dentro de la pesquisa al ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.
Así, aseguró que “no puede pedir investigaciones” sobre funcionarios o casos en particulares.
“No está dentro de mis competencias (…) No puedo ordenar, ni pedir que se investigue a estas personas. No tengo ningún temor (de ser despedido) No es mi competencia, cometería un ilícito (…)”, respondió al diputado Nicolás.
Posteriormente, dijo a la socialcristiana Vanessa Castro que existe una comisión técnica en el Banco para realizar la investigación.
“Yo no puedo tener injerencia de un director. El banco tiene mecanismos internos cuando se ven este tipo de temas. El director no puede solicitar nada a la comisión. Si pido algo, influiría y me llevarían al comité de ética. Es la Oficina de Integridad la que está llevando el caso”, sostuvo ante los diputados.
Masís dijo desconocer si se entregaron los productos
POSIBLE FRAUDE
En febrero anterior, el BCIE detalló que se hizo una notificación administrativa a Bulgarelli y a RMC La Productora S.A. para que en un plazo no mayor a 60 días calendario pueda presentar sus argumentos de descargo, “garantizándole un procedimiento administrativo bajo el principio de defensa, el derecho de audiencia y el acceso a la información del expediente”.
Posteriormente, el BCIE analizará los argumentos y evidencias de las partes y luego emitirá una resolución que podrá incluir la imposición de una sanción.
“Consecuentemente, la empresa RMC La Productora, S.A. y su representante legal podrán ser incluidos en la lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE, con lo cual no podrían participar como oferentes o proveedores en las operaciones que se financian con recursos del BCIE, o con fondos administrados por éste, en Costa Rica ni en ninguno de sus países miembros; así como denuncias penales y/o civiles”, señaló en febrero anterior.
En ese mismo mes, Bulgarelli afirmó que algo “le huele mal en el caso”.
“¿Cómo creer en una investigación preliminar que quién la filtra, además, es juez y parte? Toda la negociación del contrato de mi empresa la gestaron funcionarios públicos de Casa Presidencial. Ellos y los funcionarios del BCIE tomaron el 100% de las decisiones con respecto a este tema. Siempre se me indicó que sería un contrato privado de mi empresa con el banco y que por lo tanto no eran fondos públicos.
Evidentemente, esta es una investigación preliminar no finalizada, en donde sólo figuro yo, pero nunca los funcionarios públicos involucrados incluyendo al presidente Chaves, que gestaron este contrato con el mismo banco”, sentenció