No “preste” su nombre a bandas: crimen organizado recluta a testaferros

Las personas que se prestan para facilitar su nombre o cuentas bancarias para ocultar bienes provenientes del crimen organizado se exponen a duras penas de cárcel. 

Se trata del testaferro, que es un “prestanombre” utilizado por grupos criminales para ocultar el verdadero origen de los recursos. 

Esta práctica es recurrente en investigaciones de crimen organizado, donde
se utilizan identidades ajenas para dar apariencia legal a dinero de origen oscuro. 

Actualmente, este rol ha dejado de ser secundario para convertirse en una pieza fundamental dentro de las complejas redes de legitimación de capitales.

“Hoy en día son claves. Ya no podríamos nosotros hablar como una figura que no conoce el origen de esos bienes, ya estos testaferros son parte de las estructuras criminales”, dijo Christian Quirós, de la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada, en el programa radial “Voces MP” del Ministerio Público. 

El objetivo principal es encubrir el origen de los fondos, permitiendo que la organización mantenga el dominio real de los bienes adquiridos.

Bajo esta modalidad, propiedades y cuentas bancarias millonarias aparecen registradas a nombre de terceros que “dan la cara” ante las autoridades estatales.

“Hoy en día todos sabemos que nadie regala nada, y que evidentemente si utilizamos la lógica, si utilizamos el sentido común, cualquier persona debe de sospechar que efectivamente esa persona que me está solicitando eso es para ocultar su verdadero origen”, agregó. 

Los perfiles

El perfil de quienes aceptan este riesgo suele dividirse en dos grupos: el círculo familiar más íntimo o personas en extrema vulnerabilidad social.

En muchos casos, los líderes de las bandas criminales utilizan a sus propios parientes para asegurar que el patrimonio permanezca bajo control cercano.

No obstante, también captan a ciudadanos con escasos recursos o baja escolaridad, ofreciéndoles dinero rápido a cambio de firmar documentos legales.

Todo tipo de “lavado”

La variedad de activos que se intentan blanquear ha crecido, abarcando ahora fincas de gran extensión, embarcaciones y vehículos de lujo. También destaca el uso de sociedades anónimas, donde los testaferros figuran como accionistas para asumir contratos que mueven sumas de dinero millonarias. 

Incluso, se ha detectado el uso de embarcaciones para el tráfico de drogas, registradas a nombre de personas ajenas a la tripulación original.

Una tendencia reciente y peligrosa es el uso de cripto activos o monedas virtuales para mover fondos ilícitos fuera del radar bancario tradicional.

Las organizaciones solicitan a terceros que registren “billeteras virtuales” a su nombre, aunque el control total lo mantienen los líderes criminales.

Christian Quirós

Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada

“La ciudadanía debe tener claro que son penas sumamente altas, estamos ante penas iguales al delito de tráfico internacional de drogas; hablamos de penas que tan siquiera admiten cualquier salida alterna que no sea un proceso abreviado, es decir, que no sea aceptar los cargos. Para las investigaciones esas personas van a pertenecer a una estructura criminal”. 

Duras penas de cárcel

Un cambio legal decisivo ha transformado la persecución de este delito tras la reforma al artículo 69 de la Ley 8.204 sobre drogas.

Antes, se debía demostrar con certeza absoluta que el testaferro sabía que el dinero provenía específicamente del narcotráfico para poder condenarlo.

Ahora, la ley permite sancionar a quien “acepte como posible” que los bienes proceden de cualquier actividad delictiva, aplicando el dolo eventual.

Las consecuencias legales por prestar el nombre son extremadamente severas y se equiparan a las penas por tráfico internacional de drogas.

La legislación establece penas de ocho a 20 años de prisión para quienes oculten, aseguren o custodien bienes de origen ilícito.

Si se logra acreditar que el dinero oculto proviene directamente del narcotráfico, la pena mínima aumenta, situándose entre los 10 y 20 años.

Dada la gravedad del vínculo con el crimen organizado, estos delitos no admiten beneficios procesales ni salidas alternas para los imputados.