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Los diputados aprobaron ampliar la protección del patrimonio familiar en caso de deudas.
Esto significa que el padre o madre de familia que tiene una casa a su nombre puede ir ante un notario público y declararla como patrimonio familiar en beneficio del núcleo que constituye su familia.
Una vez se haya efectuado dicha declaración, las deudas que se contraigan a posterior no podrán tocar esa casa como garantía de las mismas.
“Es una figura legal que permite proteger la casa de la familia para que no pueda ser rematada o embargada dejando a los niños sin vivienda. Tal vez un papá que se endeudó con tarjetas de crédito o con deudas del juego y le rematan la casa y botan a la calle a los chiquitos”, explicó el frenteamplista José María Villalta.
La iniciativa, aprobada este martes en segundo debate, lo que hace es ampliar esa protección para incluir a hijos que ya tienen mayoría de edad, pero que siguen estudiando y tienen buenas notas, también a adultos mayores o personas con alguna discapacidad.
YA EXISTE
Aunque pueda pensarse que es una forma de evadir el pago de deudas, lo cierto es que esta reforma ya existe.
Así lo explicó Mario Gómez, asesor jurídico de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).
“No creemos que esto afecte el crédito bancario, sino que ayuda a dar seguridad jurídica y actualiza un régimen que ya existe”, indicó.
Cuando la persona coloca esa casa como patrimonio familiar y queda registrado así, cualquier entidad bancaria que le otorgue a ese padre de familia un crédito posterior conoce de antemano dicha situación y sabe que ante un cobro de deuda no podrá rematar esa casa.
Nota Extra
Los diputados también aprobaron en segundo debate el proyecto que permite una moratoria adicional por tres años a las personas que tienen casas, negocios o cultivos en áreas fronterizas, zonas marítimo terrestres y del patrimonio natural del Estado.
“Estas personas han ocupado estas tierras por muchos años, las cuales registralmente no les pertenecen, aunque por ocupación sí les pertenecen. Esto es un gran paso, viene a dar un plazo de moratoria de tres años de resguardo a las familias, mientras que en ese plazo el Gobierno tomará las decisiones adecuadas para la zonificación y ubicación de las mismas”, destacó el diputado socialcristiano, indicó el socialcristiano Óscar Cascante.