La noticia que dio el Gobierno sobre la posibilidad de eliminar la restricción vehicular los fines de semana motiva a los comerciantes y no es para menos, pues llevan casi un año de encontrarse bajo medidas sanitarias que tienen quebrada la economía doméstica.
Las razones de la regulación decretada por el propio Gobierno nunca tuvieron sustento técnico, no se reportó en el país un contagio descontrolado ni tampoco se logró detectar el rastro de la enfermedad, por lo que se desconoce dónde estaba el origen de los focos de contagio.
De facto, sin previo aviso y por razones nada claras, puesto que nunca rinden cuentas pese a ser simples administradores de bienes estatales, las autoridades gubernamentales metieron a los ciudadanos en un régimen de terror.
Al parecer el caprichoso coronavirus, que alrededor del orbe salva gobiernos del barranco o los empuja al despeñadero, puede ser más peligroso cuando las personas utilizan los automotores por los cuales deben, eso sí, pagar puntualmente gravámenes como el derecho de circulación sin siquiera chistar.
Basado en una suposición, el Ministro de Salud ordenó por meses un confinamiento casi que total. Los autos no podían circular, los negocios se mantuvieron cerrados, muchos hasta extinguirse, y con ellos miles de trabajos.
La pandemia ha sido toda una experiencia de vida, pero duele en el corazón recordar estampas como la del pequeño empresario que abría su sodita unas horas en la clandestinidad, como si estuviera delinquiendo por querer ganarse el sustento y mantener la clientela, y al que posteriormente la Fuerza Pública le puso candado en el negocio, mientras quienes de veras desaparecen millonadas con la agilidad de Houdini se paseaban campantes en helicópteros y carros último modelo a los que ningún tráfico se atrevería a parar.
Los patronos, al verse atados de manos y sin poder abrir sus comercios, no fueron capaces de sostener más los costos, por eso recortaron personal, pero además las cadenas de abastecimiento se vieron impactadas, tampoco había materias primas para operar y los costos tanto de logística nacional como internacional se dispararon.
Así se desencadenó el drama que hoy nos tiene a algunos, los de abajo, mal, muy mal. No contentos con todo eso, los representantes del Ejecutivo siguen haciendo de oídos sordos, sentados en sus escritorios o descansando de sus tremendas labores, pero no inician nuevas fases de apertura. Los parques siguen cerrados (seguro al coronavirus le gusta pasear y sentarse en las bancas), los carros no pueden circular después de las 10 p.m. (suponemos que las autoridades determinaron que la Covid-19 ataca más a las personas que trasnochan) y los fines de semana se puede salir por placas, lo que sigue evitando la reactivación.
Nos preguntamos, si de veras quieren reactivar el turismo, ¿cómo hace una familia que tiene carro para irse de paseo en fin de semana? ¿Agarra un bus (porque claro, ahí todo mundo respeta su burbuja social) y se apura a llegar a su destino para devolverse de nuevo en transporte público al día siguiente? El asunto es, por donde se le mire, disparatado.
Pero basta que un conductor sea sorprendido por la Policía de Tránsito para que le confeccionen el parte respectivo. Ahí sí que no hay quite. Nos preguntamos qué habrán financiado las multas por incumplir esta imposición, que superan los mil millones de colones.
No quisiéramos pensar que esto de las multas resultó una caja chica para el Estado, tanto que prefieren estos ingresos directos a costa de quienes violan las medidas. Con corte a noviembre de 2020, el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) detalló que los conductores impugnaron más de ¢795 millones por las multas en cuestión.
Agregaron que entre abril y diciembre se realizó dicho proceso para 7.205 boletas de citación. El monto impugnado corresponde al 24% del total de las boletas confeccionadas por concepto de restricción vehicular sanitaria.
Pero este es un tema escabroso, la economía sigue de capa caída, parece que al Gobierno eso poco le importa, pues no hemos visto una sola lista de propuestas que busque inyectar dinamismo al país. Simplemente, no hay gestión de proyectos.
Ya es hora que todo este teatro se acabe, si bien contamos los muertos por miles, lo cierto es que más de miles están con hambre, no tienen opciones de trabajo y no pagan sus alquileres. Tampoco hubo plata para la entrada a clases.
Si ya los casos de Covid no superan los 500 diarios, las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reporta buena capacidad hospitalaria y las clínicas, al igual que las sedes del Ministerio de Salud, lidian con una carga moderada y trabajable de pacientes, no se justifica la limitación de la libertad de tránsito garantizada por nuestra Constitución. Aparte, continúa la cacareada vacunación.
Urge quitar esa traba en carretera, necesitamos comenzar a operar con normalidad, eso sí, con medidas sanitarias responsables. Si los buses ya dejan ir gente de pie, a los trenes les duplicarán la capacidad de transporte, los bares y casinos ya funcionan al menos al 75%, entonces ¿cuál es el problema?
Ya regresaron las escuelas y colegios y si bien hay una gran cantidad de estudiantes en virtualidad la mayoría comparte en las aulas con estrictos protocolos, usan busetas y buses para llegar hasta los centros y hasta adquieren alimentos en las sodas. La vida, a pesar de todo, debe continuar.
Es la nueva normalidad, basados en esto no hay porqué seguir aletargando el proceso de apertura definitivo, dejando que más gente se quede sin empleo y más negocios pongan candados.