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La discusión sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) correspondiente al ejercicio 2026 no puede seguir dándose en automático, ni mucho menos desde trincheras ideológicas. Exige respeto, sí, pero también responsabilidad, rendición de cuentas y sentido común. La educación superior es un pilar del desarrollo nacional, pero eso no la exonera de revisar sus excesos ni de corregir sus fallas.
Para nadie es un secreto el despilfarro con que algunas universidades públicas, y en particular la Universidad de Costa Rica (UCR), han manejado sus recursos.
El caso reciente de la Semana Universitaria, donde se gastaron cerca de ¢50 millones sin los debidos permisos de salud, no solo fue un despropósito, sino un insulto a miles de estudiantes que siguen esperando una beca o una mejora en la infraestructura de sus recintos. ¿Cómo se justifica que, mientras hay instalaciones como las de Golfito en condiciones deplorables, se mantengan salariazos desconectados de la realidad del resto del sector público?
Este es el contexto que enfrenta el Ministerio de Hacienda, y es comprensible que el titular de esa cartera haya rechazado girar el famoso 2% adicional para el FEES aprobado por la Asamblea Legislativa. Porque sí, el presupuesto nacional es una autorización de gasto, no una obligación automática de ejecución, como bien lo recordó el ministro.
Más allá del ruido mediático, hay preguntas legítimas que deben responderse: ¿por qué la UCR concentra un 50,56 % del total del FEES, mientras la UNED apenas recibe un 9,16 %? ¿Cómo se garantiza que cada colón destinado a las universidades públicas llegue realmente a donde más se necesita: los estudiantes, las regiones, la docencia con impacto? Este año, las mesas de negociación arrancan en un clima enrarecido. Las críticas al rector de la UCR, el malestar estudiantil y la negativa del Ejecutivo a ampliar los fondos marcan un inicio conflictivo. Aun así, el país necesita diálogo, pero un diálogo serio, con diagnósticos veraces, compromisos claros y métricas de evaluación.
Respetar la autonomía universitaria no significa blindar privilegios ni tolerar ineficiencia. Si se exige respeto desde las aulas, también debe demostrarse responsabilidad desde los presupuestos.
“Respetar la autonomía universitaria no significa blindar privilegios ni tolerar ineficiencia”.