El equilibrio fiscal de Costa Rica no es un tema de opiniones ni de conveniencias políticas. Es una necesidad estructural que impacta directamente en la estabilidad económica del país y en su capacidad para sostener programas sociales, infraestructura y servicios públicos esenciales.
La reciente advertencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la preocupación que generan ciertos proyectos de ley en la Asamblea Legislativa debe tomarse con seriedad y responsabilidad.
Mediante la “Declaración del personal técnico al término de la misión del Artículo IV de 2025”, emitida el 28 de febrero, el FMI advirtió que diversas iniciativas parlamentarias podrían reducir significativamente los ingresos fiscales del Gobierno, afectando el proceso de consolidación que se ha venido trabajando en los últimos años.
Si bien el informe no especificó los proyectos concretos, la realidad es que varias de las propuestas recientes han despertado señales de alarma.
Uno de los ejemplos más recientes es la reforma que amplía el tramo anual exento del impuesto sobre la renta para trabajadores independientes. Según estimaciones del Ministerio de Hacienda, esta medida generaría un déficit de ¢7.000 millones anuales.
Otro caso emblemático es la reducción en el costo del marchamo, que habría significado una pérdida de ¢50.000 millones en fondos destinados al mantenimiento vial. A esto se suma la iniciativa de vuelos baratos que fue vetada por el presidente Rodrigo Chaves, justamente debido a sus implicaciones.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, respaldó la posición del FMI y enfatizó que no se pueden continuar aprobando leyes que reduzcan impuestos sin plantear alternativas sólidas para mantener el equilibrio.
La estabilidad lograda en los últimos años no puede ponerse en riesgo por decisiones populistas o coyunturales que no consideren el impacto a largo plazo. La consolidación fiscal no es un lujo, sino una necesidad para garantizar la sostenibilidad de la economía costarricense.
Desde el Poder Ejecutivo y el sector económico han surgido voces de advertencia sobre los peligros de seguir debilitando la recaudación tributaria.
La jefa de fracción del oficialismo, Pilar Cisneros, coincidió con la preocupación del FMI y destacó que esta organización ha valorado positivamente la estabilidad macroeconómica del país, pero al mismo tiempo ha identificado más de 30 iniciativas legislativas que podrían socavar la base fiscal del Gobierno.
La realidad es que Costa Rica sigue teniendo un sistema tributario regresivo y poco eficiente. Como lo han indicado diversos economistas, el país recauda menos impuestos que la mayoría de los miembros de la OCDE, pero, paradójicamente, aspira a mantener un sistema de protección social similar al de las naciones europeas. Esta ecuación simplemente no es sostenible sin una base tributaria sólida y justa.
El expresidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, ya había advertido sobre los riesgos de seguir creando nuevas exoneraciones y reducciones tributarias. En sus palabras, Costa Rica está en un proceso de consolidación y no puede permitirse el lujo de debilitar su recaudación.
A su juicio, el país debe centrarse en mejorar la eficiencia del gasto público y no en minar su capacidad de generar ingresos.
El dilema que se enfrenta no es menor. Si se sigue debilitando la capacidad recaudatoria, las consecuencias serán inevitables: menor inversión en infraestructura, deterioro de la calidad de los servicios públicos y un Estado cada vez más limitado en su capacidad para
responder a las necesidades de la población.
Esto no solo afecta a los sectores más vulnerables, sino también a la estabilidad general de la economía y la confianza de los inversionistas. Los legisladores deben actuar con responsabilidad y comprender que cada exoneración o reducción tributaria tiene un costo.
No se trata de imponer una carga fiscal desproporcionada a los ciudadanos, sino de garantizar que los recursos públicos se manejen de manera eficiente y transparente.
Es necesario un debate serio sobre la estructura tributaria, en la que se priorice la equidad y la responsabilidad sobre las decisiones oportunistas o de corto plazo.
El llamado del FMI debe ser atendido con seriedad. La estabilidad económica de Costa Rica no puede ponerse en riesgo por decisiones que, aunque populares en el corto plazo, pueden generar consecuencias negativas irreversibles.
La consolidación fiscal es un pilar fundamental para el desarrollo de Costa Rica, y erosionar los ingresos del Gobierno solo nos llevará por un camino de inestabilidad e incertidumbre.
Es momento de que o reducción tributaria tiene un costo que, tarde o temprano, pagará toda la sociedad.
