Ya no hay más excusas para frenar la extradición. Si bien esta medida no va a acabar con el narcotráfico, sí constituye una herramienta necesaria para avalar la salida del país de quien sea requerido por la justicia.
Muchos países de la región ya han avanzado en dicha reforma e incluso han logrado bajar sus tasas de criminalidad. Colombia destaca entre los ejemplos más claros.
Quizás la discusión ha durado más de la cuenta en Costa Rica, sin embargo, el momento es ahora y la discusión de extradición de nacionales debe darse de forma inmediata.
Actualmente, el artículo 32 de la Constitución Política señala que “Ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional”.
No obstante, la iniciativa que recibió aval de una comisión legislativa permitiría que cualquier costarricense, sea de nacimiento o nacionalizado, que esté involucrado en casos de tráfico internacional de drogas, crimen organizado o terrorismo reciba decreto de extradición por parte de un Tribunal de la República.
Con dicha medida, Costa Rica, se sumaría a México, Reino Unido, Estados Unidos, Honduras, Panamá, Argentina, República Dominicana, Uruguay y Colombia, entre otros, que variaron sus normativas para permitir esta penalización.
Las excusas no van más: un criterio de la Procuraduría General de la República (PGR), abogado del Estado, terminó por aclarar que la extradición no contraviene ningún derecho humano o fundamental, por lo que los diputados tienen luz verde para dar el paso.
Concordamos con los legisladores en cuanto a que hay que dejar de hacer leyes “suavecitas”. Hoy más que nunca se necesita mano dura para revertir el avance de la violencia en Costa Rica.
Esperamos que, a partir del criterio de mayoría de la comisión, este proyecto no tenga mayores impedimentos para aprobarse en el Congreso, porque seamos realistas, hay un riesgo inherente de fuga.
La mayor parte de las dudas ya las evacuaron distintos congresistas representantes de las fracciones políticas, lo que nos lleva a pensar que el camino habría sido allanado.
Del mismo modo, esperamos que no haya consultas de constitucionalidad ante Sala IV que frenen la propuesta.
Algunos aseguran que la medida viola el artículo 5, inciso 6) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual establece que una persona que cometa un delito debe ser sentenciada por autoridades de su propio país.
Sin embargo, se requiere un avance acelerado de la legislación nacional para frenar el fenómeno criminal que ya trasciende nuestras fronteras.
El momento llegó, el camino se recorrió y urge avanzar con planes que mermen la ola criminal en el país. Diputados: no le fallen a la población.