El Ministerio de la Presidencia dejó en claro el panorama de que un decreto ejecutivo no resolverá el aspecto relacionado con la ampliación de la antigüedad de los buses.
Natalia Díaz, ministra de la Presidencia, expresó su preocupación por el adelanto que hubo respecto al adelanto del receso legislativo que se presentó desde el pasado 21 de diciembre.
Díaz acotó que es desde el Consejo de Transporte Público (CTP) deberán ver cuáles son las opciones existentes para paliar un poco lo relacionado con estos asuntos de los servicios autobuseros.
“Para poder ampliar esa vida útil solamente se puede hacer por ley. Es decir, no hay decreto ejecutivo que sirva, no hay directriz que sirva, tiene que ser una reforma en la Asamblea Legislativa.
Si no hay ampliación, le corresponde al CTP tomar las acciones que la ley habilita y la ley dice que el máximo es de 15 años, por lo tanto, a partir del 1º de enero tienen que sesionar a nivel de Junta Directiva y tomar las decisiones”, indicó Díaz.
AMPLIACIÓN
La jerarca apuntó que la ley establece precisamente lo que en esos 15 años se deberá ampliar y que como ya no hay sesiones legislativas, será la Junta Directiva del órgano adscrito al MOPT la que tome las respectivas decisiones.
Díaz sostuvo que los temas de índole legal deberán discutirse a lo interno del CTP porque efectivamente vence el 31 de diciembre.
“La Asamblea empieza el 9, pero hay un periodo de esos 9 días. La ley termina hasta el 31 de diciembre, entonces es un tema que deben dilucidar a lo interno del CTP.
Tendremos que ver ese aspecto legal porque efectivamente eso tenía que haberse votado en el mes de diciembre para cumplir con lo que la ley establece, no podemos ir más allá de la autorización legal que existe”, precisó Díaz.
La administración pretende incrementar la edad antigua de los buses de 15 a 18 años aplicando una temporalidad debido a problemas financieros afectados por rutas de buses rurales producto de la pandemia por Covid-19.
La preocupación es mayor porque a partir del 1º de enero estarán vencidas 290 unidades de buses, las cuales no podrán circular desde el próximo año, según datos de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans).