Sea cual sea la forma final que tome el servicio de transporte de personas a través de automóviles en el país, se tiene seguro que al final tanto taxis como las plataformas digitales jugarán en el mismo terreno y con las mismas reglas.
Este fue uno de los principales acuerdos a los que se llegó en la reunión mantenida por el presidente de la República Rodrigo Chaves con representantes de la Comisión de Plataformas de Transportes de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR). Es decir, el proyecto de ley que enviará el Ejecutivo incluirá que ambos sectores deberán contar con las mismas condiciones y regulaciones en cuanto a seguridad social, tributación, aseguramiento, requisitos técnicos y legales, sanciones, precio, naturaleza del servicio y competencia.
“Fue una reunión muy constructiva, porque logramos tender puentes en la construcción de una solución que permita formalizar a los conductores de plataformas, brindándoles seguridad jurídica”, expresó Julio Castilla, presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica.
En la reunión participaron también representantes de las empresas de plataformas: Rowland Espinosa Howell, director de Asuntos de Gobierno y Política Pública para DiDi en Centroamérica y el Caribe, y Sylvia Alvarado Marenco, directora Política Pública Uber, Centroamérica, Caribe y Andino.
Semanas atrás, el gobernante Chaves junto con el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, y el viceministro de Transportes, Carlos Ávila, se reunieron con representantes de taxistas, quienes informaron sobre la nivelación entre ambas modalidades.
POSICIÓN DE TAXISTAS
Mientras que las plataformas digitales se muestran anuentes a igualar las condiciones con los taxis y han expresado su deseo de colaborar con el proceso, la Fuerza Roja se mantiene firme en que el mercado se puede abrir si, y solo si, les pagan a cada uno de los concesionarios de placas de taxis 20 millones de colones como compensación por las pérdidas que aducen han experimentado. Subrayan además que: “Si ambos grupos vamos a trabajar en la misma situación, o sea con los mismos requisitos, con misma tarifa, bienvenidos, pero si va a existir algún cambio de que ellos vayan a trabajar con una tarifa inferior, no aceptamos de ninguna manera. Eso sería la ruina de nuestro gremio”, comentó Rubén Vargas, representante de los taxistas.
Los choferes de taxi también piden que se limite la cantidad de unidades que pueden dar el servicio, que todos paguen seguros igual que lo hacen ellos y que les hagan la revisión técnica dos veces al año.
OPINIONES DIVIDIDAS
Según criterio de la Asociación Privada de Movilidad Tecnológica y Afines (Aprimotec), la solución es quitar requisitos a los taxis y no imponerlos a las aplicaciones. “En Costa Rica hay 28 mil familias que llevan el sustento a sus hogares gracias a las plataformas, más de un millón de personas utilizan estos servicios, por lo que no parece razonable desconocer esta realidad y tratar de enmarcar esta actividad en modelos del pasado, que hoy ni siquiera resuelven las necesidades de los taxistas.
Estamos abiertos a apoyar esos diálogos para buscar una forma de que haya reglas para todos, pero acorde a los nuevos tiempos”, comentó Alfredo Román de Aprimotec.
Por su parte, la Asociación de Consumidores Libres opina que la propuesta del Ejecutivo de cortar a todos con la misma tijera solo iría en detrimento de la competencia, lo que afectaría la calidad de los servicios y quien saldría perdiendo al final sería el usuario.
Tanto Uber como Didi indicaron a la salida de la reunión con el presidente Chaves que uno de los puntos importantes a considerar en las próximas negociaciones es la antigüedad máxima de las unidades que podrán dar el servicio de transportes de personas.
Asimismo, queda la duda de cómo será la rotulación de los automóviles, si será pintado, con sticker, por medio de luces especiales o de otro modo aún no definido.