Editorial
El año 2024 cerró con 880 víctimas, lo que refleja un leve decrecimiento con respecto a 2023, pero este resultado no es para alegrarse. Estamos hablando del segundo año con la mayor cantidad de homicidios de la historia.
Lo anterior sin mencionar que los casos cada vez se vuelven más violentos y es que la mayoría de los homicidios en Costa Rica están vinculados al crimen organizado, especialmente al narcotráfico y las disputas entre bandas.
Las organizaciones criminales que operan en el país, tanto nacionales como internacionales, se han fortalecido y expandido, lo que ha generado una creciente violencia. Además, el negocio de la droga y las actividades ilícitas asociadas a este negocio no solo alimentan las disputas entre grupos criminales, sino que también afectan a la población en general, a través de la violencia desbordada y la creciente presencia de armas de fuego en las calles.
Esta tendencia no es aislada; forma parte de un fenómeno regional que afecta a varios países de América Central, pero Costa Rica, que históricamente había sido vista como un modelo de estabilidad en la región, observa cómo su imagen de paz se ve empañada por esta triste realidad.
Si bien los cuerpos de seguridad han hecho esfuerzos por combatir estos grupos, la falta de coordinación entre las distintas entidades del Estado dificulta la implementación de estrategias efectivas. No solo se trata de la respuesta policial.
A la vez, la justicia pronta y cumplida sigue siendo un factor determinante, pues la impunidad en muchos casos es un factor que incentiva la repetición de delitos, lo que genera una sensación de vulnerabilidad entre los ciudadanos.
En este sentido, el aumento de homicidios también está vinculado a una crisis de desarrollo social y económico que debe abordarse de manera urgente, no solo a través de políticas de seguridad, sino también mediante estrategias que fomenten la inclusión social, el acceso a la educación y la mejora de las condiciones laborales para no caer en actividades delictivas.
El cambio en el perfil de las víctimas también es otro aspecto que refleja la gravedad del problema. Mientras que antes los homicidios eran mayormente el resultado de disputas entre grupos criminales, hoy en día se observa un aumento de las víctimas inocentes.
Los casos de personas que mueren en balaceras o que se ven atrapadas en situaciones de violencia fuera de su control se han vuelto más frecuentes. Este cambio en el perfil de las víctimas, junto con la creciente percepción de inseguridad, está afectando directamente el bienestar psicológico de los costarricenses.
Para hacer frente a esta situación, es necesario que el Estado asuma su responsabilidad en la lucha contra el crimen de manera integral. Esto implica no solo apoyar las fuerzas de seguridad, sino también una apuesta decidida por mejorar el sistema judicial y la eficiencia de los tribunales.
Asimismo, es imprescindible adoptar políticas de prevención del crimen que aborden las causas subyacentes de la violencia, como la pobreza, la exclusión social y la falta de acceso a oportunidades. Es hora de que el país asuma el desafío de revertir esta alarmante tendencia.
