No claudicar ante el fraude fiscal

El Ministerio de Hacienda ha revelado un panorama que debería estremecer a todo el país: más de ¢8 mil millones han sido vinculados a facturas o comprobantes simulados detectados durante el 2025, y 70 nuevas investigaciones en lo que va del año podrían elevar aún más el monto del daño causado al fisco. 

Se trata de un sistema fraudulento que opera con una sofisticación alarmante. Las llamadas Entidades que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) y las Empresas que Deducen Operaciones Simuladas (EDOS) conforman auténticas redes de contagio tributario. Por un lado, aparecen compañías fantasmas sin empleados, sin importaciones, sin inventarios ni actividad económica real. Por el otro, empresas con operaciones legítimas que compran esas facturas apócrifas para inflar gastos, reducir su carga tributaria y, en algunos casos, hasta facilitar el blanqueo de capitales. 

El problema no es menor. Estas prácticas no solo constituyen un fraude directo contra la Hacienda Pública, sino que distorsionan la competencia entre empresas, incentivan economías paralelas, degradan la ética empresarial y profundizan la desconfianza ciudadana en las instituciones.

Es importante reconocer el avance que representa la plataforma Tribu-CR, así como el uso de herramientas de inteligencia artificial que facilitan la detección de patrones anómalos entre millones de comprobantes electrónicos. Gracias a esa capacidad analítica, Tributación ha logrado identificar comportamientos sospechosos, trazabilidad entre empresas vinculadas y señales claras de fraude que ya han sido trasladadas al Ministerio Público. 

Pero los propios jerarcas lo han admitido: aún faltan herramientas legales para actuar con mayor contundencia. Limitar la capacidad de facturar cuando existan indicios sólidos, crear listados públicos de EFOS o modernizar el marco sancionatorio son algunas de las reformas urgentes que el país debe discutir sin demora. 

Hay un llamado a las autoridades del Ministerio de Hacienda y al próximo gobierno a no claudicar. A sostener estas investigaciones hasta las últimas consecuencias, sin importar el tamaño, la influencia o la estrategia de quienes buscan evadir sus responsabilidades fiscales. El país no puede darse el lujo de retroceder en un proceso técnico y valiente que empieza a mostrar resultados concretos.

A la próxima Asamblea Legislativa: A acelerar las reformas necesarias para cerrar portillos, fortalecer los controles y dotar a Tributación de las herramientas modernas que exige un sistema tributario justo.

La verdadera competitividad no se construye sobre facturas falsas ni sobre atajos ilegales, sino sobre la transparencia, la innovación y el cumplimiento.

Costa Rica enfrenta un momento decisivo. O se ordena y erradica esta cultura de fraude, o se profundiza un daño que terminarán pagando quienes siempre cumplen. Dejar este asunto a medias sería un mensaje devastador para la justicia tributaria y para el país que aspiramos a ser.

El combate a las operaciones simuladas no es opcional: es una obligación moral, económica y republicana.