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Casi todas las semanas desde hace varios meses los medios de comunicación informan sobre acusaciones contra la administración Chaves Robles, unas presentadas ante el Tribunal Supremo de Elecciones y otras informales, sobre violaciones reiteradas a las disposiciones constitucional y del Código Electoral diseñadas para evitar que se viole el principio de neutralidad en los comicios de Costa Rica. Sobre el sustento legal y las diversas interpretaciones jurídicas de tales normas se ha escrito mucho. El punto está más que claro: el legislador costarricense limitó absolutamente, para garantizar la equidad de la competencia electoral, la participación política de las y los miembros de los supremos poderes del Estado, con excepción de las y los diputados a la Asamblea Legislativa.
Desde 1927 este principio ha resultado polémico. Para unos, porque cuando las administraciones actúan de buena fe, podría conspirar contra la obligación de dar a conocer, a lo largo de todo su mandato, la obra que realizan. Valga decir, hacer valer la rendición de cuentas tan venida a menos y que tanto demanda la ciudadanía. Pero por otro lado, estamos quienes pensamos que no es contradictorio ser transparentes de cara a las y los votantes en materia de realizaciones de gobierno, y al mismo tiempo garantizar que no se usan los fondos públicos para beneficiar a los partidos políticos propios. Limitar tanto y como se pueda esos impúdicos manoseos, cuando se producen, es esencial para preservar la integridad democrática de nuestro sistema político.
En el caso que nos ocupa, la Costa Rica de hoy gobernada por Rodrigo Chaves, sin embargo, lo más grave no es sólo la violación “técnica” de las leyes de no beligerancia. Eso resulta evidente y se está atendiendo de acuerdo a Derecho aunque no siempre con la celeridad requerida.
El problema mayor es que tales violaciones se hacen con desparpajo y de forma reiterada, acompañadas de una intención no disimulada por cuestionar y deslegitimar al Tribunal Supremo de Elecciones. Y ello, como parte de una estrategia más general de ataque a la institucional del Estado, cuya demolición Chaves y sus simpatizantes procuran afanosa y consistentemente. La provocación ofende porque parte de dos premisas odiosas: la primera es que la gente es tonta y no se da cuenta, o no le importan, tales violaciones.
La segunda, es que este gobierno es al “único en la historia” al que se le ha aplicado la normativa, y que ello parte de una intención aviesa de parte del Tribunal Supremo de Elecciones de perjudicarlo de forma particular e interesada. Cabría preguntarse, en ese marco, hasta dónde piensa llegar el chavismo con semejante estrategia, porque a primera vista, no tienen intenciones de cejar en ella.
La dinámica de una campaña electoral, a diferencia de la acción de gobierno, requiere en democracia flexibilidad y sentido de oportunidad.
También, apego a principios y valores, pero no sin tomar en cuenta que la competencia entre partidos y liderazgos obliga a utilizar todos los recursos lícitos a disposición de los contendores.
La acción de gobierno, por otro lado, se diferencia de aquella porque tiene que sustentarse en la preeminencia de la Ley y el respeto por las instituciones que la tutelan. Si ello no ocurre, la democracia no existe y se impone la ley de la selva.