Es una completa barbaridad que ahora los costarricenses no solo tendrán que estar alerta por los contagios del COVID-19, sino que también por la liberación de reos que haría el Ministerio de Justicia y Paz por orden de jueces de Juzgados de Ejecución de la Pena.
Bien lo dijo Mainor Anchía, dirigente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), específicamente de la seccional Fuerza Pública. Este tema es delicado y de peligro para la sociedad, máxime si se toma en cuenta lo que sucedió en la administración anterior con la liberación de las conocidas golondrinas.
Poner en la calle a privados de libertad sin cumplir la sentencia por la comisión de algún delito y sin pasar por un proceso de reinserción es un riesgo para la seguridad comunal.
¿Quién nos garantiza que esta población, que si bien tiene derechos, no va a volver a delinquir?
Señores jueces, solo pónganse a pensar por un momento en las familias y en las propias víctimas a las que esa persona que ahora quedará libre por un brote les hizo daño.
Y es que esa justificación no es válida, tal y como lo advirtieron reconocidos exministros de Seguridad y Justicia.
Bien lo señaló el exjerarca y reconocido abogado Juan Diego Castro: “Si tenemos miles de gente presa, soltar 40, 50 o 500 no va a evitar un brote en los centros penitenciarios. Si lo que busca el gobierno es, otra vez, como sucedió en el gobierno anterior, soltar golondrinas, me parece una falta de seriedad”.
“Todo apunta a que es una medida malinformada porque eso no soluciona ningún problema. Con el cuento de que el sistema penitenciario resultó contagiado, con ese mismo criterio habría que soltar a todos los presos, inclusive a los asesinos y violadores que están en Máxima Seguridad.
En las cárceles del mundo y en los centros de reclusión de cualquier país tienen que tomar las medidas que correspondan”.
Para colmos y peor preocupación hay que tomar en cuenta que el número de reos que podrían quedar en libertad debido a esta orden es incierto de momento, ya que la orden apenas se acaba de girar, por lo que será hoy que se inicie el proceso de valoración.
Ojalá y los jueces ejecutores de la pena reconsideren esta posibilidad y vean el riesgo que puede representar medidas como estas para la sociedad costarricense.
Nuestros doctores también son una población de riesgo y están al pie de cañón en esta pandemia.
No es de recibo que además del daño económico que ya nos ha dejado el coronavirus, también tengamos que lidiar con problemas en el ámbito de seguridad.