Los cambios en la sociedad costarricense asociados a la ola de violencia están llevando al punto que ya los menores de edad no puedan jugar o simplemente estar en entornos seguros.
Así lo señaló Kennly Garza, presidenta del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), quien conversó con Diario Extra.
La jerarca también se refirió al manejo de procesos internos para la atención de menores, vulneración de la privacidad producto del avance tecnológico, bullying y otras problemáticas.
Este es un extracto de la entrevista.
¿Cómo ha cambiado el abordaje hacia la población infantil?
– Los niños ahora no tienen las mismas posibilidades de esparcirse ni de jugar en un entorno seguro. Antes nos criaban con la idea de que la familia es un refugio de seguridad, pero ahora lo que dicen nuestras estadísticas es que el foco en que sucede la mayor cantidad de situaciones violatorias de derecho es el interior de la familia. Los menores de edad ya no pueden estar o jugar en entornos seguros.
Por el cambio de mentalidad, ¿de qué han variado las denuncias por agresiones?
– Ahora tenemos más acceso a la información, tratamos de cincelar esta idea de que los niños son míos y hago con ellos lo que quiera, o si escucho a uno gritando en la casa o existe alguna presunción de riesgo, entender que yo debo y puedo hacer algo por ese menor, aunque no sea mi niño. Eso ha cambiado, entonces las denuncias crecieron entre un 7% y 8% cada año.
¿Cuál es el principal reto con el tema tecnológico?
– Lo que sucede en redes o los delitos que involucran el uso de tecnologías antes no ocurrían. Además, toda la globalización y el acceso a la tecnología también genera un desdibujamiento de los valores costarricenses y que nuestros adolescentes reproduzcan cosas que no corresponden.
¿Existe algún tipo de beneficio?
– Las redes sociales son el medio preferido por los menores de edad para denunciar ante el PANI, ya que no es necesario ser adulto para hacerlo. También tenemos el Centro de Orientación e Información donde contamos con funcionarios que están conectados al 9-1-1.
¿Cuentan con suficiente personal?
– Actualmente tenemos 1.600 funcionarios, pero necesitamos más y también oficinas, por ejemplo, hay zonas de Costa Rica con índices alarmantes de denuncias, como San Rafael y San Isidro de Heredia, donde la oficina local de San Pablo atiende cuatro cantones, pero no hay despachos para enfrentar la demanda.
¿Cuáles son las problemáticas de la niñez a nivel país?
– Depende de la zona hay una mayor incidencia de ciertos tipos de delitos. En sectores costeros, las relaciones impropias, explotación sexual infantil y trabajo infantil. Hay otros en que el tema es delincuencia juvenil, otros consumo de sustancias. Por ejemplo, la Gran Área Metropolitana, conductas disruptivas, conflicto con la ley, gente trabajando, negligencia, consumo de drogas y problemas de salud mental.
¿Cómo funciona la atención tras una denuncia? ¿Cuándo se da la adopción?
– Por ejemplo, en este momento nos llaman y es una situación ilícita de derecho, resulta ser que hay un niño, “Carlitos”, que no tiene atención médica, pasa solo en la casa, está enfermo y se ven señales de agresión. El PANI va, atiende, ve que no hay unos padres que ejercen responsablemente la parte de potestad y abre un proceso especial de protección.
¿Y después?
– Se empieza un proceso que dura máximo seis meses en sede administrativa, si la situación es grave, como que hay un peligro en la vida, el PANI además judicializa el caso. Entonces, la entidad va por un lado y por otro la parte judicial.
¿Cómo cuidan al menor?
– Durante esos seis meses que dura el proceso, el PANI tiene que cuidar al niño, podría estar en un albergue, actualmente hay 2.000 personas institucionalizadas. “Carlitos” podría ser uno de esos niños que están allí, pero si el Estado lo protege debe ser por el menor tiempo posible para no afectarle la vida.
¿Qué hace el infante mientras está en el albergue?
– Mientras lo protegemos, “Carlitos” tiene que ir a la escuela, recibir atención de salud, todo lo que él requiera, pero paralelamente hay que trabajar con la familia, el objetivo es la restitución del derecho. Si en seis meses no hay mejoras, el juez puede ordenar prorrogar e incluso quitar la patria potestad.
¿Qué otra decisión puede tomar el juez?
– Hay varias figuras, la suspensión incluso la puede revertir, sin embargo, cuando hay una extinción no es reversible, ya hay una declaratoria de abandono que puede ser con fines de adopción.
Sobre este asunto, ¿qué pasó con los funcionarios detenidos en Cariari por irregularidades en procesos de adopción?
– El PANI investiga presuntas irregularidades en los procesos de protección especial de menores sin que haya evidencia de adopciones irregulares. Varios colaboradores han sido suspendidos y la indagación continúa con la colaboración de las autoridades judiciales.
