San José. (AFP) – El Congreso de Nicaragua aprobó comenzar a juzgar a quienes cometan acciones contra el gobierno de Daniel Ortega en el exterior, una decisión que según la oposición será utilizada como “herramienta de represión transnacional”.
Una reforma al código penal aprobada por unanimidad impone penas de hasta 30 años de prisión para quienes promuevan sanciones contra el gobierno de Managua, un delito tipificado como “menoscabo de la integridad nacional” cuya interpretación queda en mano de los tribunales, señalados -igual que el Congreso- de estar controlados por Ortega.
La norma, que abarca a nicaragüenses y extranjeros e incluye la posible confiscación de bienes, fue aprobada el mismo día en que la ONU advirtió del “grave” deterioro de los derechos humanos en Nicaragua desde el año pasado, con un aumento de detenciones arbitrarias, malos tratos y persecución a todos los “percibidos como disidentes” por el gobierno de Ortega. La reforma, que entrará en vigor al ser publicada en el diario oficial, establece que también pueden ser sancionadas empresas y oenegés.
El gobierno de Ortega ha endurecido la legislación y la represión luego de las protestas opositoras de 2018. Desde entonces han sido cerradas unas 5.500 oenegés bajo el argumento de no reportar sus estados financieros. Sus bienes fueron confiscados. Las protestas dejaron en tres meses más de 300 muertos, según la ONU.
Organismos de Derechos Humanos señalan que la ley busca perseguir a disidentes sin necesidad de juicios. Además, busca “silenciar a la oposición en cualquier lugar del mundo”.
Para la ONG Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la reforma busca “legitimar nuevas prácticas violatorias de los derechos humanos”. De acuerdo con el artículo 8 de la Convención Americana, los juicios en ausencia “vulneran garantías fundamentales del derecho a la defensa”.