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Desde hace años oigo decir que las dictaduras pueden satisfacer necesidades que las democracias son incapaces de atender. Recuerdo a amigos que, en los años cincuenta, admiraban las obras que construyó la dictadura de Pérez Jiménez en Caracas. Después decían que los gobiernos democráticos no podían igualarlas. Hoy otros me hablan en términos parecidos de los resultados en seguridad del presidente Bukele en El Salvador y los comparan con lo que vivimos en Costa Rica.
Comprendo el atractivo de esa comparación. Nos duele y nos alarma que tantos jóvenes maten a otros jóvenes. Me escandaliza darme cuenta de que, de cuando dejé el gobierno ahora la proporción de homicidios se ha casi triplicado. Los ciudadanos tienen derecho a exigir que el Gobierno los proteja. Pero una obra pública o una mejora en seguridad, por importantes que sean, no bastan para juzgar cómo vive la gente bajo un régimen político. También cuentan la calidad de la educación y la salud, la capacidad de adquirir bienes y la seguridad de cada persona frente al poder del Estado. Y claro, parte muy importante del bienestar es vivir tranquilos, confiados en el respeto a nuestra dignidad y a nuestra libertad
Me preocupa que nuestro gobierno quiera imitar el modelo salvadoreño y que, en ese afán, se toleren exhibiciones humillantes de personas privadas de libertad. Espero que las autoridades competentes determinen si se han violado los derechos de los prisioneros. He recibido además testimonios que considero creíbles, pero referidos a una sola prisión, sobre personas que han perdido mucho peso con la dieta que reciben. Esos testimonios merecen ser investigados. La privación de libertad no cancela el deber del Estado de dar un trato digno.
Las percepciones tienen consecuencias reales porque actuamos conforme a ellas. Si creemos que encarcelar masivamente sin juicio es la única respuesta a los homicidios, habrá políticos dispuestos a hacerlo para ganar nuestro apoyo. ¿Qué seguridad tiene entonces la persona inocente a la que detienen? ¿Quién la protege si hemos debilitado los controles que permiten corregir los abusos?
Benjamín Franklin advirtió sobre el peligro de ceder una libertad esencial a cambio de una seguridad pasajera. Su advertencia conserva vigencia. Los gobernantes deben contar con los medios para investigar y sancionar el delito. Y los ciudadanos debemos contar con jueces independientes, derecho de defensa y garantías que impidan a esos mismos gobernantes disponer arbitrariamente de nuestra libertad.
¿Qué nos dice la evidencia sobre el bienestar? Para nuestro continente, recomiendo La democracia en las Américas, de Rodolfo Piza R., a cuya presentación en la OEA en 2021 tuve el honor de asistir. Su comparación abarca el desarrollo humano y económico, la pobreza, las libertades económicas, la protección ambiental y los derechos de las mujeres, entre otros ámbitos. El balance favorece a las democracias, incluso al tomar en cuenta sus imperfecciones.
Para el mundo en su conjunto, Maya Tudor revisa la investigación disponible en «What Democracy Does … And Does Not», publicado en octubre de 2025 en Journal of Democracy. Los estudios que examina asocian la democracia con mayor esperanza de vida, menor mortalidad infantil y mayor cobertura educativa, aunque ampliar la matrícula no garantiza una mejor enseñanza. También encuentra evidencia favorable en materia de paz y prosperidad. Son resultados de conjunto.
Cada democracia tiene que ganarse la confianza de sus ciudadanos por la forma en que gobierna y por lo que logra.
A Costa Rica le corresponde mejorar su capacidad para prevenir los homicidios, investigar los delitos y llevar a sus responsables ante la justicia. Debemos exigir resultados y también exigir que se obtengan dentro de la ley. Cuando un juez puede revisar una detención y una persona puede defenderse, la protección que se hace efectiva es la que todos necesitamos. Esa seguridad también cuenta al juzgar el desempeño de un gobierno.