El narcotráfico y el trasiego de armas son dos fenómenos que están profundamente entrelazados. Los carteles de drogas recurren a la adquisición de armas de distinto calibre, no solo para la defensa y el control territorial frente a otras organizaciones criminales, sino también para repeler las acciones que puedan desplegar los diversos cuerpos policiales. Este acceso a armamento sofisticado se traduce en un aumento de la violencia en las comunidades, y en donde, tal y como ha estado ocurriendo en los últimos años, son cada vez más las víctimas colaterales de estos enfrentamientos armados.
El flujo de armas proviene, en gran medida, de países con regulaciones laxas y una industria armamentista floreciente o sometidos a décadas de conflicto civil, militar e inestabilidad política. En Costa Rica, de acuerdo con investigaciones desarrolladas, se ha identificado que las armas prohibidas ingresan, en su mayoría, por tierra y por mar, procedentes de Nicaragua y Jamaica, en algunas oportunidades como medio de pago de los alijos de droga.
Adicionalmente, la economía ilícita del narcotráfico, con sus enormes ganancias, financia la adquisición de armas y el establecimiento de redes de distribución. Esto crea un círculo vicioso donde el dinero proveniente de la venta de drogas se reinvierte en más armas, aumentando así la capacidad operativa de los grupos delictivos y la violencia asociada.
Por otro lado, las comunidades más afectadas sufren una descomposición del tejido social, donde el miedo y la desconfianza se instalan en la vida cotidiana. Producto de ello, muchas personas, cuando pueden, deciden desplazarse a otras zonas geográficas, en procura de ubicarse en un lugar menos conflictivo, privándose de esa forma de su hogar y su sustento. A menudo, los jóvenes son captados en este ciclo, ya sea siendo reclutados por las organizaciones criminales o convirtiéndose en víctimas de la violencia.
Por esta razón, partiendo del vínculo existente entre el tráfico de drogas y de armas, la mesa de trabajo de los representantes de los Presidentes de los Supremos Poderes, había identificado como uno de los diez proyectos prioritarios en materia de seguridad, el expediente legislativo N°24095 “Ley para el fortalecimiento del marco sancionatorio de los delitos cometidos con armas de fuego prohibidas”, el cual tenía como propósito ser más rigurosos en las sanciones penales de todos aquellos hechos punibles en los que estaba de por medio un arma de fuego prohibida.
Sin embargo, de acuerdo con el último texto disponible de este proyecto de ley, con moción de reiteración aprobada en el Plenario Legislativo el pasado 17 de setiembre de 2024, se observa que las penas no fueron aumentadas, y en el caso de la modificación del ordinal 91 de la Ley N°7530 de Armas y Explosivos, más bien el extremo mayor de la sanción penal se disminuyó en un año. Con esto, se desdibuja el objetivo que se había trazado en cuanto a la contundencia con la que debe ser tratada la criminalidad violenta.
*Director del Instituto Costarricense sobre Drogas
