Las organizaciones criminales han encontrado en los delitos ambientales la oportunidad perfecta para desviar dineros y recursos, ya que las penas por cárcel son muy reducidas, en comparación con crímenes de mayor nivel.
DIARIO EXTRA conversó con Alejandro Alpízar, fiscal de la Fiscalía Adjunta Ambiental, quien confirmó cómo estas organizaciones han migrado a otras formas de delinquir que les reduce el riesgo de ir a prisión.
Las penas a las que se exponen estas personas por delitos ambientales llegan como máximo a los 3 años de prisión, dependiendo del tipo de infracción.
Uno de los casos que se presentan es la tala ilegal de bosques. Además de apropiarse de especies de alto valor, buscan adueñarse de terrenos para luego levantar edificaciones en estos.
“Los delitos ambientales en Costa Rica, salvo lo que es minería ilegal, disposición ilegal de residuos o tránsito de sustancias peligrosas, los demás no alcanzan esta pena, llegan a una máxima de 3 años de prisión”, explicó Alpízar.
El fiscal indicó que han identificado a grupos de personas que se organizan para atacar bienes ambientales, como bosques o propiedades del patrimonio natural del Estado, donde hay una organización, estructura y financiamiento para trasegar.
“Como tal no podemos decir que unas personas que se dedican a la tala ilegal de especies cotizadas a nivel internacional, no puede ser clasificado como crimen organizado, o como decir están lavando activos, una asociación ilícita u otra.
Entonces ante esa gran dificultad estamos empezando a desarrollar técnicas para ver cómo les entramos, aunque sea acusándolos de modo principal a otro delito que no sea ambiental”, comentó el fiscal.
Debido a que esta modalidad está en investigación, el funcionario no reveló la cantidad de organizaciones que incursionan en este negocio ilícito, pero los grupos criminales ya saben que el riesgo de ser sorprendidos al cometer delitos ambientales es muy bajo.
Alpízar reconoció que la lucha en estos momentos es difícil porque la legislación no está a favor de las autoridades, por eso deben definir con las leyes actuales cómo llevar estos casos a crimen organizado.
“Aunque los atrapen y los juzguen, la pena está baja y no les afecta en nada, contra trasegar droga, que mínimo van a estar ocho años en prisión, o tráfico de armas o personas, es un riesgo muy alto para ellos.
Ya esa migración se dio en Costa Rica, ya existe y estamos luchando para evidenciar esto”, agregó.
Una de las razones para identificar este comportamiento es acceder a las herramientas que les permiten llegar más fácil a este tipo de delincuencia y atacar los activos de la organización criminal para identificar a todos sus miembros.
Asimismo, han identificado que la afectación viene en aumento y que la migración de estos grupos va en esa línea, por ejemplo, el narcotráfico.
“No están trasegando droga, ahora se dedican a traficar maderas altamente cotizadas a Asia. Entre más exóticas o autóctonas, las organizaciones les dicen a los interesados ‘yo se lo consigo’. No podemos cerrar los ojos a que hay una estructura organizada”, afirmó.
Material minero, las maderas y la vida silvestre son bienes ambientales trasegados no una vez, sino que se está haciendo de manera sostenida a través del tiempo por medio de un financiamiento que lo permite.
TIERRAS
Como parte del delito de tala ilegal de bosques, estas organizaciones han identificado como recurso final del delito la apropiación de tierras. “El fin que desean es la tierra, todas las franjas del patrimonio natural del Estado, donde prácticamente no hay personas porque es un bosque. Quieren ver cómo logran transferirlo a manos privadas”, explicó el fiscal.
Lo más preocupante de esta práctica es que llegan a desaparecer totalmente los bosques, a veces sin aprovechar la madera, ya que buscan la tierra y el espacio.
En Costa Rica no existe el delito de trasiego de tierra y se debe determinar qué delito se puede delimitar entre cambio de uso de suelo de bosque, tala ilegal, drenaje de relleno de humedales o usurpación de dominio público, de acuerdo con el fiscal.
“El negocio es redondo. Es un bien donde después ponen un hotel y seguramente va a ser un éxito. Es muy fácil atacar al Ministerio Público y decir que frena el desarrollo económico porque la legislación está en pañales y no ha evolucionado a la misma velocidad de las organizaciones”, acotó.
Lo que se practica en otros países está llegando a Costa Rica y las autoridades buscan frenarlo con la intención de no atacar al más pequeño, sino a toda la estructura, aunque reconoce que la tarea es complicada en tribunales.