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Diputados de cuatro fracciones dictaminaron este martes el proyecto de extinción de dominio, que pretende brindar nuevas herramientas al Ministerio Público para quitar bienes (casas, fincas, vehículos y otros) al crimen organizado.
Sin embargo para el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), el Poder Judicial y el Partido Acción Ciudadana (PAC) el texto sustitutivo aprobado deja por fuera delitos del crimen organizado y limita la iniciativa de ley a exclusivamente al combate del narcotráfico.
En palabras de Guillermo Araya, director del ICD, es mejor no aprobar esta ley así como está.
“En Costa Rica los problemas no son solo del narcotráfico, vemos que están limitando el lavado de dinero solo al tráfico de drogas y tiene hasta 21 delitos precedentes, como la corrupción también, pero este texto debilita el concepto”, manifestó.
La principal crítica se centra en el artículo 3 del nuevo texto aprobado, que delimita el concepto de “actividad ilícita”. En palabras de Pablo Abarca y Zoila Volio, diputados de Unidad Social Cristiana (PUSC) e Integración Nacional (PIN), respectivamente, esta ley es una herramienta exclusiva contra el narcotráfico.
De acuerdo con Víctor Morales, jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), en el texto original -que era una propuesta del ICD- la definición de delito aplicable a la extinción de dominio era mucho más amplia; es decir, abarca todo tipo de actividad ilícita y no solo la del narcotráfico.
En dicho texto se definía así: Actividad ilícita: “Toda actividad contraria al ordenamiento jurídico vigente, independiente de la responsabilidad penal, aun cuando no se haya dictado sentencia”.
“El texto sustitutivo es una versión restrictiva que reduce ese concepto de una manera que no nos parece apropiada”, expresó Morales.
Los delitos que quedarían por fuera son la legitimación de capitales, la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública y el contrabando.
CONTRA El NARCO
Volio insistió en que el objetivo es enfocar la ley para combatir el narcotráfico y para los delitos que se dice quedan excluidos existen leyes que los castigan.
“Se nos comienza a contaminar la esencia de una ley tan difícil como sería quitarle la propiedad privada a Ojos Bellos o al Palidejo, entonces la idea es que se enfoque en los bienes del narco. En estos otros delitos ya existen leyes porque al crimen organizado solo le preocupan dos cosas: sus bienes y la extradición”, explicó.
Abarca dijo que no podía estar de acuerdo con una serie de temas que la Corte propuso y que era necesario dejar “seguros” y “válvulas de escape constitucionales al proyecto”.
“El objeto indeterminado a cualquier tipo de delito es un peligro. Muchísimos países han tenido que devolverse en este tema porque quedaba amplísimo, porque se cometían injusticias, el objetivo no quedaba claro y sí debe delimitarse”, expresó.
También aseguró que no podía apoyar una ley donde un juez no tenía que argumentar motivos para dictar una resolución como se proponía.
“Eliminaban casación. Perdón, este diputado no va a aprobar una ley que no tenga casación y no importa si es Ojos Bellos o cualquiera. La Constitución debe respetarse y todo el mundo tiene el derecho al debido proceso y a poder apelar”, agregó.
El socialcristiano considera que si aún se pretende hacerle cambios al texto están más mociones en plenario.
Gustavo Viales, legislador del Partido Liberación Nacional (PLN) que preside la comisión, recordó que incluso tuvieron dificultad para recibir las observaciones del Poder Judicial.
“Casi que tuvimos que rogarle a Poder Judicial que respondiera. No es interés de ellos que este proyecto salga”, comentó.
Agregó que en esas carreras para responder al ICD y a la Corte se les olvidó incluir la prescripción.
“Es decir, el delito no tenía prescripción, usted podía ser juzgado de por vida por esto. Además no se podía recusar a jueces y fiscales en la propuesta de la Corte, eso es insostenible. Tuvimos que corregir todo esto”, insistió.
También explicó que no se le está restando “dientes” al proyecto porque se le incluyen las medidas de aseguramiento, que ante un proceso de sospecha permite a la Fiscalía asegurar las propiedades o cuentas bancarias, inmovilizándolas mientras se lleva a cabo el proceso.
“El narcotraficante tendrá esa medida en su contra. Tendrá la oportunidad de aclarar y si no lo hace se le extingue, pero antes no podrá utilizar los bienes que lo hacen poderoso ante la ciudadanía”, enfatizó.
La iniciativa de ley se enviará a consulta a una serie de instituciones antes de entrar a la corriente legislativa.
LO QUE DICE EL ARTÍCULO 3
Definiciones
Para los efectos de la presente ley se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
1.Actividad ilícita: Toda actividad contraria al ordenamiento jurídico vigente, en conductas vinculadas con el fenómeno de crimen organizado, en relación con:
a.Estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
b.Tráfico ilícito de armas y explosivos.
c.Trata de personas, explotación sexual, tráfico ilícito de migrantes o tráfico ilícito de órganos.