Los gobiernos locales le pidieron a la Asamblea Legislativa excluirlos de la regla fiscal para la atención de la emergencia por el Covid-19.
La propuesta se contempla en un proyecto de ley presentado por la diputada María José Corrales del Partido Liberación Nacional (PLN) y apoyado por la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI).
Actualmente, en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se establece la obligatoriedad de que los municipios deban limitar el gasto corriente.
Con la iniciativa que se tramita bajo el expediente 21.922 y que fue convocada por el Gobierno de la República para este periodo de sesiones extraordinarias, se permitiría dicha exclusión.
La propuesta de eximir tanto a los gobiernos locales como a los Comités Cantonales de Deportes es porque estos se incluyen en el artículo 11 del proyecto de Ley para Apoyar al Contribuyente Local y Reforzar la Gestión Financiera de las Municipalidades ante la Emergencia Nacional por la Pandemia de Covid-19.
El tope de crecimiento en la actualidad es de un 4,67% del PIB en el gasto corriente e incluye servicios, transferencias y salarios.
En este caso, la iniciativa busca que los ayuntamientos incrementen de 10% a 40% el monto establecido del impuesto sobre bienes inmuebles para destinar en rubros administrativos.
OBSERVACIÓN CONTRALORA
La Contraloría General de la República (CGR), por medio del oficio DFOE-DL-0567 del 15 de abril de 2020, señaló una serie de riesgos que generaría para las finanzas públicas el hecho de que este proyecto se convierta en Ley de la República.
El ente contralor argumenta que la intención de la limitación en el gasto es mantener el principio constitucional de sostenibilidad en las finanzas públicas.
La institución alertó que no existe una estimación mínima en el proceso de las reducciones de los ingresos que tendrían los gobiernos locales por los conceptos de desaceleración económica y en la moratoria a los impuestos municipales.
“Una exclusión definitiva de los Gobiernos Locales y sus dependencias de la aplicación de la regla fiscal, sin definir condiciones asociadas a la emergencia en términos de temporalidad, estimaciones sobre los eventuales requerimientos y naturaleza de los gastos prioritarios podría tener un efecto adverso en la gestión municipal en el mediano plazo sin que quede clara cuál es la contribución de esta norma al objeto de esta propuesta”, señaló la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa.
Agregaron que es necesario mantenerse con la regla fiscal porque permite establecer reglas de gestión de las finanzas públicas para lograr una política presupuestaria que garantice la sostenibilidad fiscal.
MORATORIA
El proyecto de ley tendría la posibilidad de incluir moratorias en el pago de impuestos hasta por nueve meses como en el caso de las patentes.
Dichos tributos corresponden a las licencias por actividades lucrativas, tasas, precios públicos, servicios municipales y arrendamientos.
Mientras tanto los contribuyentes podrán llegar a arreglos de pago hasta por 24 meses en relación con las obligaciones municipales.
Inclusive, permitiría que tanto los municipios como los concejos municipales no transfieran el dinero que recaudan del impuesto sobre los bienes inmuebles para el Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda y para la Junta Administrativa del Registro Nacional.
Esta propuesta actual cuenta con el aval de las municipalidades, 40 diputados y el Gobierno de la República.