Las Municipalidades ignoran los cuestionamientos efectuados por la Contraloría General de la República (CGR) en relación con el procedimiento de adquisiciones sin pasar por el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
Dicho plan autorizaría a los ayuntamientos e intendencias para efectuar procesos de contratación administrativa sin necesidad del uso de la plataforma Sicop, sino que más bien vaya en el marco de la Ley de Contratación Administrativa.
El proyecto Ley para Apoyar al Contribuyente Local y Reforzar la Gestión Financiera de las Municipalidades ante la Emergencia Nacional por la Pandemia de Covid-19, que se tramita bajo el expediente 21.922, es impulsado por la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI).
Karen Porras, directora ejecutiva de la UNGL, mencionó que implementar el Sicop puede representar un egreso de 8 millones de colones anuales por pago de tarifas, cifra que se encuentra superior al tope de crecimiento en el gasto corriente de algunos municipios.
OBJECIONES
La Contraloría cuestionó este artículo del proyecto de ley, el cual consideró “inconcebible”.
Por medio del documento DFOE-DL-0567, del 15 de abril de 2020, la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la institución critica la falta de argumentos para proceder a la exclusión de las municipalidades con el propósito de efectuar el uso de los bienes y servicios.
“Se desconoce el objetivo y sus alcances para ponderar la razonabilidad de la reforma que se pretende y su constitucionalidad dado que también se contrapone a lo determinado por el artículo 182 de la Constitución Política.
Ante una declaratoria de emergencia es posible flexibilizar los procedimientos de compras conforme a lo dispuesto en la Ley Nacional de Emergencia y Prevención del Riesgo, la cual permite la aplicación de los esquemas de contratación más ágiles, bajo la obligación de las autoridades de respetar la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas a posteriori”, enfatizó.
La CGR fue enfática en que la propuesta no es viable, sino que se debe definir en términos exclusivos designados por el Poder Ejecutivo para atender la emergencia.
LO DIJO
• Karen Porras, UNGL
“Para reactivar la economía y responder a una situación de emergencia como la que se vive el país, se requiere de trámites más inmediatos y oportunos donde se pueda priorizar al empresario local, a aquellas empresas que mediante su trabajo generaron empleo y desarrollo al cantón”.