La corrupción es el mayor gasto público que la clase política no quiere recortar. Solo en el caso Cochinilla estamos hablando de una presunta fuga de dinero por cerca de 78 mil millones de colones, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Pero el caso Cochinilla no solo está presente en el edificio central de Conavi y en las oficinas de MECO y H. Solís. Los tentáculos del caso Cochinilla están también en las municipalidades y las comunidades de todo el país.
Por ejemplo, MECO habría ofrecido 30 millones de colones al Alcalde de Heredia para la campaña municipal de 2020. En la Municipalidad de San José, una auditoría reflejó que hay irregularidades con MECO desde 2008.
Estos dos ejemplos son en la GAM, pero tenemos reportes de irregularidades en Limón, la Zona Norte, Guanacaste, Puntarenas y la Zona Sur. De las 22 zonas de conservación vial de todo el país, MECO y H. Solís manejan 20. ¿Cómo las consiguieron casi todas?
Pero no solo son las construcciones, son también las materias primas. Empresas como MECO y H. Solís, que se han visto beneficiadas de las plantas de asfalto del MOPT, también tienen acceso a la explotación de recursos como ríos y cuencas, para obtener los materiales de construcción.
El problema es que los ríos están siendo sobreexplotados, con permisos municipales poco confiables, que ponen en riesgo la salud de nuestros recursos naturales, pero también afectan a las comunidades que dependen de esos recursos para la economía local.
¿Quién se encarga de la corrupción? ¿Cómo hacemos para atacar un problema que parece tan grande y que llega a tantos niveles? Lo primero es informarse y buscar la información que a veces nos quieren ocultar. El otro paso es la acción, denunciando las irregularidades que hay en nuestras comunidades.
No podemos seguir permitiendo que se vayan robando el país poco a poco, la corrupción debe de controlarse y eliminarse, no es normal que sea parte de nuestro día a día. Pero eso no sucederá, a menos de que haya un compromiso nacional, de todas y todos.