
La Defensoría de los Habitantes inició una evaluación a la gestión de las municipalidades frente al cambio climático, con énfasis en la protección del recurso hídrico, la planificación territorial, la sostenibilidad ambiental y la asignación de presupuestos.
Como parte del proceso, la Defensoría solicitó información a las 84 municipalidades del país sobre las acciones que ejecutan para enfrentar los efectos del cambio climático en cada cantón. Según los datos recopilados entre junio de 2024 y abril de 2025, 79 gobiernos locales respondieron al requerimiento.
La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, subrayó que los gobiernos locales cumplen un papel clave en la resiliencia climática, al ser los más cercanos a las comunidades y a las realidades territoriales. Señaló además que la acción climática debe ir de la mano con la protección de los derechos humanos, como el acceso al agua, a un ambiente sano, a una vivienda segura y a la participación ciudadana.
Entre los principales hallazgos, la Defensoría destacó que 43 municipalidades incluyeron en su presupuesto 2025 rubros específicos para atender la variable climática y la protección ambiental. Asimismo, 43 cantones cuentan con un plan regulador vigente, mientras que de los 41 restantes, 18 se encuentran en proceso de elaboración o actualización.
En materia de agua, 29 gobiernos locales administran acueductos municipales. De estos, 15 ya implementan planes de seguridad del agua exigidos por el AyA, cinco se encuentran en proceso de formulación y el resto no brindó información completa al respecto.
La Defensoría recalcó que la protección ambiental no debe verse como un aspecto accesorio, sino como el eje central de las políticas locales de adaptación y mitigación. Por ello, hizo un llamado a fortalecer la planificación territorial con enfoque climático, actualizar los planes de seguridad del agua, proteger nacientes y zonas de recarga acuífera, incorporar la variable climática en los presupuestos municipales y promover la educación ambiental y la participación ciudadana.
Finalmente, el órgano defensor insistió en que las municipalidades son actores fundamentales en la adaptación territorial ante el cambio climático y que el desarrollo sostenible es una responsabilidad diaria que se construye desde las decisiones administrativas, los reglamentos y la asignación de recursos.