En el último mes, la clase trabajadora más humilde de la capital la ha visto a palitos, luego de fuertes disposiciones emprendidas por la Municipalidad de San José, y que ha afectado directamente a los vendedores de periódicos, de flores, “guachimanes” y chinameros.
Los primeros afectados fueron los cuidacarros, luego de que el gobierno local implementara los nuevos parquímetros electrónicos que en varios sectores josefinos les disminuyó sus ingresos económicos, pues se eliminó la entrega de boletas de papel.
Luego siguieron algunos chinameros, quienes perdieron su puesto estacionario, esto luego de que la Muni (con bahoe) les derribó los chinamos, por considerar que estaban en condición de ilegalidad.
Pero los hechos no terminaron allí. A los pregoneros, la Muni busca que paguen una patente de ¢15 mil como si gozaran de puestos fijos con silla, luz y techo, como sucede con otro tipo de patentados. El mismo se ha querido imponer de manera retroactiva, pues la disposición viene desde octubre anterior, pero no es sino hasta ahora que comenzaría a regir, lo cual los deja en total estado de indefensión.
El último paso se dio con los vendedores de flores, en las inmediaciones del Banco Central, bajo el argumento del crecimiento de San José y la necesidad del ayuntamiento en contar con un mayor espacio para realizar su Avenidazo.
Según información que recibieron los patentados la semana pasada, el traslado podría hacerse efectivo a partir del mes de julio, una vez que la Alcaldía les construya los nuevos puestos.
Esta situación los tiene molestos y preocupados, ya que el sustento de su familia depende de la venta de este producto y al moverlos sienten que es como empezar de nuevo y tener que crear el punto para sus clientes, de manera que temen no poder sobrevivir económicamente al cambio.
VERSIÓN DE LA MUNI
Para le venta de este producto, los patentados necesitan agua, luz y un lugar dónde colocar las flores para que la gente las vea y luego guardarlas durante la noche. Es por ello que según explicó Rafael Arias, director de la Municipalidad de San José, se está coordinando con una banco estatal para que done la infraestructura necesaria, de manera que ellos puedan pasarse en iguales o mejores condiciones de las que tienen el día de hoy.
“No comprendo la molestia que ahora dicen tener. Nosotros, hace varios meses, nos habíamos reunido con ellos para explicarles la situación y las condiciones en las que se realizaría el traslado y estuvieron de acuerdo en eso. Incluso, una de ellas nos dijo que sabían que este momento iba a llegar”, recordó Arias.
El funcionario aseguró que este lugar, en donde ahora los quieren ubicar, se va a convertir en un punto de paso de gran cantidad de turistas, ya que está ubicado frente a lo que será el nuevo mercado de artesanías, detrás del edificio de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). No obstante, los patentados con puestos a tan solo cien metros de este parque, sobre el bulevar del Barrio Chino, se quejan de la reducción de personas que pasan por el sitio y las pérdidas que han tenido. Situación que Arias no comparte, pues dice que en este lugar hay muchas paradas de autobuses, por lo que no es lógico decir que es un mal punto para el paso de peatones.
DEFENSORÍA INVESTIGARÁ
Por otro lado, la defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, ordenó investigar las razones por las cuales la Municipalidad de San José le cobrará una patente a los pregoneros que venden periódicos en el centro de la ciudad capital.
Para la funcionaria, este cobro pareciera no tener un fundamento lógico, ya que estamos hablando de ciudadanos que obtienen un monto muy reducido de ganancia por la venta de este producto y que apenas les da para comprar el sustento básico para su familia.
Otro de los puntos en los que Taitelbaum no estuvo de acuerdo es en quererlos igualar con quienes tienen chinamos, debido a que éstos cuentan con acceso a servicios que los pregoneros no. Además, su actividad no es de todo el día, sino que por lo general se desarrolla solamente durante unas horas de la mañana.
“La verdad es que ellos se paran en ciertos lados donde incluso tienen sus clientes que los esperan y venden los periódicos y de eso viven, sin que este ingreso les permite hacer mucho más que comprar las necesidades básicas”, comentó la Defensora.
Ella aseguró que la Defensoría se pondría a investigar este caso y para ello llamarían a la Municipalidad de San José para conocer las razones que hay detrás de este cobro, que a primera vista de la funcionaria pareciera ser poco lógico.
A pesar de que el reglamento que faculta a la Alcaldía a realizar este cobro está vigente, todavía el Concejo Municipal no ha conocido la moción para definir el monto a cobrar.