
La Municipalidad de Santa Cruz no dispondrá de 83 plazas por servicios especiales el año entrante, ya que la Contraloría General de la República (CGR) no aprobó el presupuesto 2024 del gobierno local en ese apartado.
De acuerdo con el ente contralor, “las justificaciones aportadas no permiten acreditar que estas plazas cumplen con las condiciones establecidas en el artículo N° 46 de la Ley Marco de Empleo Público N° 10159”.
Dicho artículo establece que no procederá la contratación temporal de servidores públicos para la atención de actividades ordinarias de las entidades y los órganos incluidos en la ley.
De igual forma, la CGR improbó el contenido presupuestario previsto en la subpartida “Alimentos y bebidas en los Programas I y II” de la Municipalidad de Santa Cruz por ¢32,53 millones, por cuanto “no se encuentra fundamento de legalidad que expresamente permita este tipo de gastos”.
La Contraloría indicó también que no se justificó en la atención de los beneficiarios de los servicios que la institución brinda, ni que se destinen a situaciones esporádicas y de carácter excepcional respetando criterios de austeridad, racionalidad, necesidad, pertinencia y conveniencia.
AUMENTO SALARIAL
Asimismo, la CGR aprobó únicamente el presupuestario incluido en la partida de Remuneraciones en lo que corresponde a la previsión anual para los aumentos salariales por del 2,4%.
Según indica la entidad contralora “no se aportaron elementos adicionales que justifiquen un incremento de los salarios superior al comportamiento de la inflación”, que proyectó el Banco Central de Costa Rica (BCCR) para el próximo año según la proyección de la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
De esta manera, el municipio no podrá realizar incrementos salariales por encima de dicho porcentaje, por lo que no se podrán aplicar otros aumentos que estaban estipulados en la convención colectiva.
“Se aprueba el contenido presupuestario de la partida de Remuneraciones hasta el límite máximo dispuesto en el Título III de la Ley N.° 9635 y sus normas transitorias, por lo que la ejecución de esos recursos se deberá dar en estricto apego a dicha norma”, señaló la CGR.
ANEP EN CONTRA
La decisión de la Contraloría fue fuertemente criticada por la seccional municipal de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la cual sostiene que las municipalidades están fuera de la Ley Marco de Empleo Público, al declararse así por iniciativa propia.
“El argumento de la CGR, centrado en el artículo 46 de la perversa Ley es falaz y engañoso; toda vez que la práctica totalidad de los 84 gobiernos locales, con una única excepción (La Unión), declararon a todo su personal Exclusivo y Excluyente de la cobertura de esa ley, lo cual abre un escenario jurídico y de calle insoslayable de enfrentar”, indica la ANEP.
El sindicato afirma que la improbación presupuestaria es violatoria de la autonomía constitucional del Régimen Municipal costarricense. Aseguran, además, que la decisión de la Contraloría agravará la situación nacional de desempleo.
“Desde la piramidal estructura burocrático-tecnocrática de la CGR es imposible que se aquilate la relevancia que los gobiernos locales vienen adquiriendo precisamente para atenuar el avance sostenido de la desigualdad en los cantones de la República, especialmente en los que tales plazas ayudan el fortalecimiento del papel municipal en el desarrollo con inclusión económico-social”, dice la Asociación.
Según ANEP, en estos momentos están haciendo un balance y análisis jurídico de las acciones necesarias para revertir la decisión de la Contraloría.
“Hacemos un llamado a toda la familia laboral municipal, en general; y, en lo particular, en cada gobierno local afectado para que no más entrando enero despleguemos diversos tipos de acciones e intervenciones sindicales para llevar paz y estabilidad a los municipios y a pocos días de unas elecciones más que cruciales”, finalizaron desde la organización gremial.