La Municipalidad de Osa atraviesa por una deficiente gestión de cobro de impuestos a sus contribuyentes, al punto que está en riesgo de perder cerca de ¢800 millones por concepto de sumas de difícil recuperación, mientras que otras deudas por el orden de ¢30 millones ya prescribieron.
De acuerdo a la Contraloría General de la República (CGR), dicho ayuntamiento carece de la documentación que evidencie haber efectuado alguna gestión de cobro en la mitad de los casos de contribuyentes morosos en Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y tasas de los servicios, ni tampoco ha conformado el 87% de los expedientes para trasladar las cuentas atrasadas a trámite de cobro judicial.
La Contraloría reseña que los niveles de morosidad en el pago del IBI y las tasas han incrementado en los últimos cuatro años, al pasar de ¢1.785 millones en el año 2014 a ¢2.391 millones en el 2017, es decir, un incremento de ₡606,1 millones. Además, en ese mismo periodo, el monto de morosidad por los citados conceptos representó más de la tercera parte del presupuesto definitivo de cada año.
Las sumas adeudadas por concepto de los servicios públicos que brinda dicho gobierno local implican una afectación en su prestación, pues tales recursos pudieron utilizarse en cubrir los costos asociados e invertir en mejorar la calidad con la que se brindan los servicios
“Esto por cuanto carece de un sistema de control y seguimiento que le permita gestionar los expedientes de cobro, ni tampoco ha emitido formalmente las políticas y manuales de procedimientos actualizados que guíen tales gestiones. Lo anterior incide de forma negativa en las finanzas municipales, ya que más del 70% de la morosidad que registra este ayuntamiento está constituido por deudas en IBI y tasas, indicador que aumentó ¢606,1 millones en el periodo 2014-2017”, se desprende del informe Dfoe-dl-if-00008-2018.
Al mismo tiempo, la entidad fiscalizadora del Estado agrega que la Administración Municipal no ejerce un seguimiento efectivo sobre los expedientes remitidos a cobro judicial ni sobre la labor que desempeñan los abogados contratados para ese fin.
“Tiene siete meses de no trasladar para el trámite de cobro judicial 376 casos de contribuyentes morosos, debido a que no planificó la necesidad de contratar a los citados profesionales, lo cual podría poner en riesgo la recuperación de ¢198,4 millones en IBI y tasas de los servicios públicos Finalmente, la Municipalidad no ha cumplido la mayoría de las metas propuestas en una estrategia formulada en el 2016 para reducir los niveles de morosidad, debido a que no designó para todas ellas el personal responsable de su ejecución, tampoco definió un plazo ni estimó un presupuesto necesario para su cumplimiento”, añade la CGR.
NO ES CATASTRÓFICO
Al respecto, Alberto Cole, alcalde de Osa, comentó que ese cantón está empobrecido, razón por la cual presenta una tasa importante de morosidad, pero sostuvo que el ayuntamiento ha estado implementando acciones o medidas para la recuperación de dineros para el desarrollo de obras y servicios que mejoren la calidad de vida de los habitantes del cantón.
“Hemos pasado situaciones muy difíciles, de catástrofes, de abandono y de situación económica difícil. Osa se sustenta principalmente de la actividad turística y desgraciadamente, aporta casi el 10% de los pobres en Costa Rica y ante esas dificultades económicas obviamente tenemos problemas de pendientes de cobro y pese a que municipalidad cobra, la gente está en dificultades para pagar”, reafirmó Cole.
Agregó que en el 2017 se implementó un nuevo sistema informático para actualizar la base de datos a fin de pulir la información, al mismo tiempo dijo que, para recuperar sumas pendientes, el municipio implementa una amnistía que vencerá en setiembre próximo.
En este sentido, comentó que se cumplió con la meta de rebajar la suma de pendiente de cobro en un 33% o 34%, por lo que en se han recaudado alrededor de ¢500 millones, no obstante solicitará una ampliación de 3 meses para aplicar dicha medida.
“Enhorabuena que la fiscalización se dio. Es un análisis profundo de la situación que se dio, pero no es un tema catastrófico, efectivamente hay riesgos si no tomamos las medidas a tiempo de perder recursos que la municipalidad necesita, pero también es un tema de conciencia y de cultura y para que la población vea que los recursos se invierten sanamente”, añadió Cole.