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La Cámara de Patentados de Costa Rica denuncia que, pese a la existencia de la Ley 9384 de regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico del 2012, cuyo artículo 10 ordena a los ayuntamientos del país exonerar a los patentados comerciales del pago de patentes entre el 2012 y el 2016, la Municipalidad de la San José se niega a hacer efectiva dicha exoneración.
De acuerdo con Guillermo Sanabria, presidente de dicha cámara, existen alrededor de 200 negocios que tienen cuentas pendientes por el orden de los ¢5 millones hasta los ¢45 millones, las cuales se vienen acumulando del 2013 al 2016.
Indicó que el resto de los gobiernos locales elaboraron el respectivo reglamento con las nuevas tarifas de cobro a los patentados comerciales de manera trimestral, al tiempo que procedieron a la exoneración o condonación de las deudas que tenían los patentados comerciales.
Explicó que años atrás se dio la reforma para la actualización de las sumas que se cobrarían a los patentados, tomando en cuenta, entre varias cosas, el tipo y tamaño de los negocios.
Sobre el particular, dijo que con la ley anterior se pagaban ¢56 cada tres meses por las patentes, pero que luego los montos fueron elevados de manera importante.
Sin embargo, tras el proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa, se establecieron montos de patentes de acuerdo al tamaño de los negocios, los ingresos generados y el personal que allí labora.
Ante la negativa del ayuntamiento capitalino a la condonación de lo adeudado, se interpusieron varias acciones legales, entre las que se encuentran recursos de amparo, de revisión y aclaración, al tiempo que se recurrió ante el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) y a la Sala Primera.
ESTÁ CEÑIDA
Sanabria señaló que la Sala IV ha reiterado que se trata de un asunto de legalidad que se debe respetar, por lo que considera que no hay espacio para realizar interpretaciones, pues la ley hay que cumplirla.
“Lo que estamos tratando de hacer es resolver el tema de la condonación de la deuda porque la misma se da a través de la Ley 9384, pero no sabemos por qué razón la Municipalidad se ha ceñido en su interpretación a título de ellos, porque el resto de las municipalidades lo aplicaron bien y lo entendieron bien, pero solo aquí la de San José. No sé si es a título personal, por ser yo el presidente de la cámara o si quieren desaparecer los negocios de San José para abrir las puertas a los extranjeros, a los colombianos y los chinos que abren por todo lado. Es una ley que no se debe interpretar y se debe publicar el reglamento, que se debió publicar en el 2017”, reafirmó.
Agregó “si nosotros hubiéramos querido podríamos no pagar, pero estamos pagando desde que se hizo la ley nueva y los precios nuevos, estamos al día, pero no podemos pagar esas cuentas pendientes porque están condonadas por ley”.
Detalló que el 26 de diciembre del 2016, el concejo se reunió para hacer un acuerdo mediante el cual se estableció el cobro que se le iba a realizar a los patentados, lo cual calificó de sospechoso, debido a que tradicionalmente, el 26 de diciembre de cada año es cuando se realiza el tope nacional.
En dicho acuerdo, entre otras cosas, se determinó que “se condonarán el 30% del principal por concepto de impuesto de patentes de licores y 100% de los intereses”, situación criticada por Sanabria.
Dicho aspecto fue suspendido porque se aplicó por cierto tiempo.
SOLO PARA EL ARROZ
Y LOS FRIJOLES
Mencionó que ante la incertidumbre existente muchos de los patentados pasaron a cambiar y adquirir licencias de la Municipalidad, pero que en la actualidad hay una cantidad importante de clientes que se mantienen con las patentes, pues están ubicados en el centro del cantón central, se trata de negocios que tienen más de 50 o más de 60 años de existencia.
“De pagar esos montos pendientes, muchos de esos negocios estarían obligados al cierre, pues sus dueños no tienen con qué vivir. Lo que hacen son los recursos para el arroz y o frijoles nada más. No tienen para el arroz y los frijoles y no podemos dejar que les cierren los negocios y que se vayan a morir a las casitas por depresión”.
En un reciente oficio, la Defensoría de los Habitantes ordenó tanto al alcalde Johnny Araya y el concejo municipal a tomar las acciones correspondientes y a derogar el acuerdo del 26 de diciembre del 2016, respectivamente y que se respete lo contemplado en el artículo 10 reformado en la Ley 9384.
FUNCIÓN POTESTATIVA
Consultado al respecto, José Orlando Esquivel, jefe del Departamento de Gestión de Cobro de la Municipalidad de San José, manifestó que lo que hizo el gobierno local fue emitir un acuerdo municipal en el que se estableció que los que llegaran en ese momento a cancelar la totalidad de la deuda solo se les cobraría el 30% y se les perdonaría el 100% de los intereses acumulados.
“Los que no lo hicieron en ese momento tienen la deuda hoy día. Eso es un tema que se ha hablado con don Guillermo Sanabria y hay un procedimiento en la vía ordinaria que estaría por salir por lo que hay que esperar a ver cuál sería el fallo que se va dar en ese sentido. Lo que quiero decir es que la Municipalidad tenía total la facultad de hacerlo como lo hizo, mediante un acuerdo municipal”, recalcó Esquivel.
Apuntó que para octubre se tiene previsto notificarle a los patentados de licores las deudas pendientes con lo cual se iniciará el proceso de cobro.