Multa de hasta ¢431 mil a quien bote basura

Una reforma a la Ley 8839, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS), pretende sancionar hasta con ¢431 mil a aquellas personas que boten basura en sitios públicos.

La iniciativa está planteada en un proyecto de ley elaborado por la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) con el fin de mejorar las gestiones ambientales de los ayuntamientos en Costa Rica. 

El plan es una reforma a la ley que se aprobó en el 2010 y que no se contempla en la legislación vigente, según la UNGL. 

Si un ciudadano es sorprendido tirando desechos hospitalarios, baterías de cualquier tipo que puedan ocasionar alguna explosión o con químicos fuertes, su sanción será de ¢431 mil. 

Dentro de las sanciones se establece que aquellos desechos por vía de enterramiento, abandono o quema en lugares no habilitados por la autoridad competente, se sancionará con una multa de ¢43.100 por cada 20 kilógramos de peso de residuos hallados por la autoridad municipal. 

Esta sanción se elevará a ¢107.000 por cada veinte kilogramos hallados en caso de que los desechos se encuentren en vía pública, sistemas de alcantarillado, nacientes, cauces de agua o zonas de protección.

En el caso de aquellos que almacenen residuos ordinarios en sitios no autorizados o aprobados por las autoridades competentes, la sanción será de ¢431 mil por cada 100 kilogramos hallados. 

“Por la comercialización y el transporte de residuos ordinarios, sin contar con la debida autorización de la autoridad competente, se impondrá una multa equivalente a medio salario base (¢215 mil) por cada 100 kilogramos de peso de residuos hallados por la autoridad municipal”, determina el proyecto. 

OPERATIVIDAD A LEY 

Karen Porras, directora ejecutiva de la UNGL, explicó que el proyecto le dará operatividad a la ley y los instrumentos para que las municipalidades apliquen las sanciones propuestas en la actual legislación. 

Según Porras, habría un empoderamiento de los ayuntamientos en este ámbito y se validaría el cobro de una tasa por el servicio brindado a nivel municipal. 

“Lo más importante es que los recursos que reciban las municipalidades van a llegar a las arcas de los gobiernos locales y van a ser devueltas a la ciudadanía en mejores servicios de la gestión integral de los residuos”, acotó. 

Para Luis Ramón Carranza, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), las herramientas son las que se requieren en los gobiernos locales con el propósito de implementar acciones oportunas. 

“Ojalá que el avance de esta ley sirva no solo como instrumento, sino para visibilizar el hecho de que tenemos en el siglo XXI la responsabilidad con el manejo”, indicó. 

El planteamiento contó con el apoyo de diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), Restauración Nacional (PRN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC).

La Ley 8839 establece que las municipalidades son las responsables de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos, sin embargo, desde la UNGL dijeron que hay una ausencia de una supervisión o fiscalización en el cumplimiento de los municipios.