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El Ministerio de Justicia y Paz confirmó que, al corte de agosto de 2025, la población femenina privada de libertad en Costa Rica asciende a 878 mujeres, un aumento del 55% en comparación con las 564 registradas en diciembre de 2023 y las 703 en diciembre de 2024.
Según datos oficiales, los delitos contra la Ley de Psicotrópicos y los delitos contra la vida, entre ellos el homicidio, encabezan la lista de causas que mantienen a estas mujeres en prisión. También figuran delitos contra la propiedad y delitos sexuales.
Expertos en criminología señalan que el perfil de la delincuencia femenina en Costa Rica está cambiando. Las mujeres ya no se limitan a delitos de engaño o manipulación, sino que participan activamente en robos violentos, narcotráfico e incluso sicariato.
“La violencia dejó de ser territorio masculino. Hoy vemos mujeres no solo como cómplices, sino en puestos de mando dentro de las organizaciones criminales, liderando rutas de distribución y coordinando operaciones”, explicó el abogado y criminólogo Bernal Vargas Prendas.
El especialista atribuye el fenómeno a cambios culturales, roles sociales más dinámicos y la presión económica o emocional dentro de redes familiares y criminales. “Hay casos donde hay coacción, pero también hay mujeres que ingresan voluntariamente al narcotráfico buscando independencia económica o estabilidad”, añadió.
El exdirector del OIJ, Gerardo Castaing, coincidió en que muchas jóvenes ven en la economía ilícita una vía rápida de ingresos, pese a los riesgos de cárcel o violencia.
El vínculo afectivo sigue siendo una de las principales puertas de entrada al delito. Muchas mujeres, especialmente jefas de hogar, se ven presionadas por sus parejas, hijos o hermanos privados de libertad para introducir droga a los centros penales.
“La ley reconoce que en algunos casos hay coacción o amenaza, pero no siempre se aplica. A veces esa colaboración es voluntaria, buscando respaldo económico o estabilidad emocional”, advirtió Gerardo Castaing, exdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Sobrepoblación penitenciaria y falta de infraestructura
El crecimiento de la delincuencia femenina ya se refleja en la sobrepoblación del Centro de Atención Institucional Vilma Curling, la principal cárcel de mujeres del país, que al 31 de marzo de 2025 superó en un 6,6% su capacidad instalada, según el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT).
El informe advierte que el aumento responde a falta de habilitación de módulos regionales para mujeres, reducción en el uso de alternativas al encierro y mayor uso de prisión preventiva, lo que genera hacinamiento y limita el acceso a salud, educación y programas de reinserción social.
El Ministerio de Justicia y Paz reconoció los desafíos estructurales del sistema y anunció medidas como el cierre de pulperías en cárceles para reducir la circulación de dinero, la construcción de un Centro de Alta Contención para reos de alto riesgo y la habilitación de infraestructura inactiva.
Llamado a revisar políticas
El MNPT urgió al Estado a fortalecer medidas alternativas a la cárcel, habilitar espacios regionales para mujeres y revisar la política de prisión preventiva para frenar el crecimiento del hacinamiento y garantizar derechos humanos básicos dentro del sistema penitenciario.
Cambio de tendencia
Hasta ahora, el régimen de atención a mujeres había mantenido cifras estables y contenidas. No obstante, el crecimiento reciente de la población penitenciaria femenina empieza a replicar los problemas estructurales que por años han afectado a los centros de varones.
La sobrepoblación complica el acceso a servicios esenciales como:
• Salud física y mental
• Educación y capacitación
• Espacios diferenciados para madres con hijos
• Condiciones mínimas de privacidad, higiene y seguridad
El informe advierte que, de no tomarse medidas, esta tendencia puede traducirse en afectaciones directas a los derechos humanos de las mujeres recluidas, además de limitar su acceso a procesos de reinserción social.
