El secuestro y muerte de una mujer que supuestamente estaba embarazada fue descartado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El 16 de enero se publicó en las redes sociales de la policía judicial la por desaparición de Katherine Gadea, quien fue vista por última vez un día antes.
De manera extraoficial trascendió que la joven, de 26 años y nacionalidad nicaragüense, salió hacia un centro médico para ser atendida porque al parecer estaba embarazada y desde esa fecha no se supo más de ella.
En apariencia personas allegadas a la muchacha habrían indicado que recibieron mensajes vía WhatsApp donde les indicaron que fue torturada y asesinada.
“En cuanto a una denuncia por la supuesta desaparición de una femenina de apellido Gadea, de 24 años, luego de realizar las diferentes diligencias de investigación por parte de los agentes de Cóbano, se determinó que aparentemente se trataría de una falsa denuncia”, informó el OIJ.
Las autoridades judiciales confirmaron que habría sido ubicada en Nicaragua y se encontraba a salvo.
Esto implicó que se asignara personal judicial a esta búsqueda de denuncia falsa, lo que representa gastos para el Poder Judicial.
Los datos que maneja la policía judicial señalan que el 99% de las denuncias de personas desaparecidas son casos de alejamiento de familiares, lo que significa un desgaste para los agentes.
Cada reporte de este tipo tiene un costo aproximado de ¢4 millones, según explicó Randall Zúñiga, director de la policía judicial.
Entre 2020 y 2023 las denuncias por desapariciones en San José pasaron de 634 a 1.355, de acuerdo con estadísticas policiales.