
Un alto porcentaje de las denuncias por abuso de autoridad contra la Policía Penitenciaria en centros de reclusión no resulta verídico, según Nils Ching, viceministro de Justicia.
Ching, quien anteriormente dirigió este cuerpo de seguridad, afirmó que, con base en su experiencia, muchas de estas acusaciones no logran comprobarse.
Entre 2021 y 2025, el Ministerio de Justicia y Paz recibió 335 reportes, lo que implica que las autoridades deben atender más de seis casos mensuales por presuntos actos de maltrato hacia personas privadas de libertad.
“En la mayoría de los expedientes, las investigaciones realizadas por los entes de control concluyen que no existe responsabilidad por parte de los funcionarios, y no se emiten sanciones”, aseguró.
El viceministro recordó que, durante su gestión, solo conoció entre dos y tres situaciones en las que se aplicaron medidas disciplinarias contra oficiales.
“Muchas de las denuncias que se presentan por abuso policial o maltrato no son ciertas”, añadió.
Por otro lado, destacó que la tecnología es clave para atender estos reclamos, por lo que han recurrido a donaciones para adquirir cámaras corporales que porten los agentes durante sus funciones.
El caso más reciente de presunto abuso ocurrió el pasado 20 de abril, cuando un hombre indígena falleció en la cárcel La Reforma.
La autopsia reveló que el interno murió tras recibir una golpiza por parte de seis policías penitenciarios, quienes presuntamente lo dejaron agonizando en el lugar.
Michael Soto, subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), señaló que constantemente reciben reportes por excesos cometidos por distintos cuerpos policiales.
“Tenemos una cantidad considerable de denuncias por abuso de autoridad, tanto de policías del Poder Ejecutivo como del OIJ, aunque los casos que terminan en fallecimientos son menos frecuentes”, explicó.
Un caso reciente en una delegación policial en Pavas provocó la detención de varios oficiales de la Fuerza Pública tras la muerte de una persona en las celdas.