Lzos movimientos de tierra para el proyecto Ciudad Gobierno estarían arrancando este año, según estimó Jéssica Martínez, ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos.
La también presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) conversó con DIARIO EXTRA sobre la hoja de ruta que seguirá la administración para la iniciativa que busca agrupar a 18 instituciones del Estado.
La proyección del Ejecutivo es que la primera fase de Ciudad Gobierno quede lista en 2025, es decir, un año antes de que finalice la actual administración.
A continuación, la entr evista con la jerarca.
¿Habrá movimiento de tierras para Ciudad Gobierno en 2023?
-Nosotros hicimos un cronograma en el cual tenemos la expectativa en principio de que por lo menos sí podamos empezar algunos procesos de demolición. Recordemos que como ahí hay edificaciones construidas, a la gran mayoría de las cuadras hay que hacerle unos procesos previos. En principio con el cronograma esperamos que sí se pueda hacer a finales de este año. Sin embargo, eso va a depender mucho de la contratación por parte del BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica), los plazos eventualmente de apelación y ese tipo de cosas, porque de igual forma hay procesos que no podemos evitar, pero que al estar enmarcados en un procedimiento más de carácter internacional, de banca multilateral, pues entonces son muchísimo más ágiles. Esa es una de las razones por las cuales también se decidió entrar por esta vía. Sin embargo, es posible hacer apelaciones y demás, y posiblemente podría afectar el cronograma que está previsto. La idea es que en principio podamos empezar con algunas de esas actividades a finales de este año.
¿Qué es Ciudad Gobierno?
-Ciudad Gobierno es un proyecto que viene siendo planificado ya desde hace mucho tiempo. La iniciativa lo que pretende es concentrar en un espacio de la ciudad una serie de instituciones de carácter ministerial, de instituciones autónomas y algunas otras para facilitar que las personas tengan acceso a las diferentes instituciones en un solo complejo. El proyecto realmente viene desde el Prugam, que plantea la plaza de los ministerios. En el 2014 es retomada la idea por parte del Ministerio de Planificación y entonces se nombra como Ciudad Gobierno. Es realmente hasta esta administración que ya nos abocamos para buscar un mecanismo para poder concretar a nivel financiero sobre todo el proyecto. La figura que se venía utilizando antes era básicamente una figura de concesión y eso lo cambiamos radicalmente en esta administración. Eso es parte de la innovación que está asociada al proyecto.
¿Cuál será la hoja de ruta que seguirá este proyecto en 2023?
-Estamos iniciando el año, pero este proceso viene ya con algunas actividades desde el año anterior. En este caso hay un concurso de diseño de ideas, tanto arquitectónicas como de diseño urbano. Ese concurso es muy importante porque nos permite ver una gama de posibilidades para que escoja la mejor propuesta desde la perspectiva de diseño arquitectónico y diseño urbano. El año pasado recibimos 81 muestras de interés, se hicieron una serie de filtros, que básicamente son requisitos de admisibilidad, lo que nos tiene hoy con una cantidad de empresas importantes que están participando y van a tener que entregar estas propuestas en el mes de febrero. Ese es el avance que tenemos en cuanto al tema de diseños.
¿Qué papel está jugando el BCIE en este proceso?
-Paralelo a esto hemos estado negociando con el BCIE toda la parte documental de acumulación del contrato, la parte administrativa, todo el tema de la gestión. En esto hay varios frentes que hay que abordar, que son frentes en paralelo y por supuesto que manteniendo la coordinación de la comisión establecida a nivel de Consejo de Gobierno, pero sobre todo de las funciones técnicas. Rescatar acá el apoyo y el papel que ha cumplido el Colegio de Arquitectos. Con ellos hicimos una alianza desde el año pasado en el marco de este concurso porque ellos tienen la expertiz precisamente en el desarrollo de concursos, tienen la plataforma que permite recibir la información. Esa información es muy pesada porque son renders, son perspectivas, videos y todas esas imágenes son bastante pesadas, entonces no se pueden enviar a un correo común y corriente, sino que tiene que haber una logística. El tema también de la escogencia de los jurados, tenemos que traer gente internacional y toda esa plataforma logística, pues nos hemos apoyado en el Colegio de Arquitectos.
¿Cuál será el mecanismo que se use para la recepción de ofertas: contratación directa, licitación pública internacional?
-Es muy importante esta primera etapa, que es una etapa de concurso abierto de ideas arquitectónicas y de diseño. Al ser un concurso, cualquiera puede participar, la inscripción fue gratuita y por eso hay tantas muestras de interés. Lógicamente, la etapa que sigue es que una vez entregando las propuestas y escogida la propuesta ganadora, inmediatamente ahora sí entramos en una serie de diseño constructivo y propiamente construcción. Esa etapa y esas actividades están a cargo del Banco Centroamericano de Integración Económica.
¿De qué forma publicitarán los concursos para que las empresas muestren su interés en participar?
-Eso es un procedimiento ya de BCIE. Nosotros podemos sugerir y dar nuestro criterio al respecto, pero ya al estar en el ámbito multilateral tenemos que respetar esa conferencia.
¿Quién fiscalizaría todo lo que se haga en estos procesos? ¿Qué papel jugaría aquí la Contraloría General de la República?
-En lo que se refiere a las apelaciones no van a la Contraloría porque precisamente son ante el organismo multilateral. Es como una apelación ante el BID, el Banco Mundial, la resuelve la misma organización, en este caso. Hay una posibilidad en este proceso previo donde se puede consultar a la Contraloría eventualmente la adjudicación, hasta donde entiendo, no soy abogada, pero es parte de lo que tenemos que ir afinando, un tema más potestativo del Poder Ejecutivo que mandatorio, por la condición particular que enmarca el proyecto. Entonces, eso será ya una decisión del señor presidente en su momento si hace una consulta a Contraloría, pero en el marco de que esto es un proyecto blindado del interés público, esperaríamos que no haya ningún impedimento en ese sentido.
¿Existen expropiaciones pendientes?
-Recordemos que Ciudad Gobierno tiene tres fases. Lo que estamos ejecutando ahorita es la primera fase que consta de cuatro cuadras, digamos tres y media. En esa primera fase, el 81% del suelo es del Estado. Eso es una grandísima ventaja porque hay una disponibilidad de suelo inmediato salvo que por supuesto debemos demoler y quitar esa estructura, pero la propiedad del suelo es del Estado, en algunos casos en administración del MOPT, en otros casos en la administración de otras entidades, pero siempre del Estado.
¿Cuántos predios privados hay en esos terrenos?
-Hay 13 predios que son privados, son pequeños la mayoría, están todos juntos y representan más o menos un 10%. El tema de expropiaciones, siempre lo hemos dicho, debe ser como la última de las alternativas. En realidad, procesos de esta naturaleza, de esta envergadura, lo que se usa es un proceso de gestión del suelo. La gestión del suelo, ¿qué es lo que hace? No necesariamente tiene una expropiación. Hay una gran cantidad de instrumentos y herramientas que se pueden activar para lograr que ese suelo forme parte de la operación sin necesidad de una expropiación, eso es parte de lo que estamos trabajando en conjunto con el BCIE de manera tal que alguna de esas propiedades logremos integrarlas a través de mecanismos de gestión distintos a la expropiación. Puede ser que hay otras que haya que expropiar.
¿Quiénes integrarían esas primeras cuadras?
-Nosotros todavía no podemos entrar en ese detalle. Son 18 instituciones en total. Tenemos la lista de cuáles entrarían en una primera fase. Lo que pasa es que la primera fase son cuatro edificios, entonces el levantamiento de esos edificios va a depender mucho del diseño y la distribución de las plantas arquitectónicas.
¿Cuánto se espera que ahorre el proyecto Ciudad Gobierno a las arcas del Estado por concepto de alquileres?
-Ahorita el dato que tenemos actualizado son $23,5 millones al año que paga el Estado por concepto de alquileres. La ventaja que tiene este planteamiento, este modelo que se definió, es que además del ahorro que puede significar dejar de pagarlos en el momento en que ya las propiedades puedan ser transferidas al Estado vamos a tener una serie de ingresos adicionales por concepto de locales comerciales que se van a alquilar, arrendar o vender, inclusive a algunas otras oficinas y cualquier otro uso que sea complementario al uso institucional que le permite al Estado tener un ingreso adicional que a su vez puede servir precisamente para amortizar el compromiso de pago que se requiere para la operación. No solamente es el ahorro, sino los ingresos adicionales.
¿Qué requisitos se les solicitarán a las empresas participantes?
-Esos términos de referencia hay que formularlos. Hay mucho de eso que está en las bases del concurso, que ya cuando se hagan públicos obviamente ustedes van a tener acceso. Probablemente, mucha de la información que está ahí vamos a tomarla para los términos de referencia, pero claro que para la licitación internacional tiene que ser mucho más específica. Ahí sí vamos a trabajar con porcentajes de uso y otras cosas.
¿Cuánta garantía existe de que el procedimiento se haga sin ningún tipo de cuestionamiento?
-Lo más importante en estos casos son los mecanismos de evaluación. Si las áreas de evaluación, los indicadores y en general los lineamientos de evaluación están claros es muy difícil que la gente apele, pero si son ambiguos, no están claros o si hay alguna capacidad de interpretación de esos lineamientos, ahí es donde a veces hay problemas. Entonces recordar que siempre es el BCIE el que tiene la responsabilidad de llevar el proceso, pero en los términos de referencia para esa licitación, pues la idea es trabajarlos de manera conjunta y sí hay que prestar especial atención en el tema de los mecanismos, esa es la idea.
¿Cuándo finalizaría la primera fase?
-A la primera fase todavía le queda lo que le resta a la administración porque son cuatro edificios. La segunda fase son cuatro cuadras adicionales y la tercera fase es la Estación al Pacífico. Entonces probablemente la segunda y la tercera fase van a quedar para la próxima administración.
¿Cómo lograr que al término de la administración se pueda seguir con el proyecto tomando en cuenta que las prioridades suelen cambiar?
-Eso es muy difícil, como bien usted lo indica, eso no depende de nosotros. La propuesta nuestra es que a la hora de hacer el planteamiento y armar este plan completo de alguna manera establecer la necesidad de que está completamente articulado. Eso es como cuando uno hace un proyecto para una casa, pero solo me alcanza la plata para la primera planta, pero usted ya tiene los planos de la segunda, ya sabe dónde irán las escaleras, ya tiene el lote. Entonces, ya ahí hay una sinergia que de alguna manera viene caminando. Creo que el inaugurar la primera fase va a ser un hito importante, va a haber oportunidad de demostrar que sí es posible hacer proyectos de esta envergadura, es importante el ahorro que el Estado va a tener y la dinámica urbana del proyecto. El proyecto se va a vender solo y va a ser muy difícil que otras administraciones tal vez lo dejen.
¿Hasta dónde lo quiere dejar la administración Chaves Robles?
-La proyección del cronograma es el 2025. Esa es la proyección de esa primera fase de cuatro edificios.