En la rendición de cuentas que hizo Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial, destacó un tema que es ineludible: la mora judicial y el presupuesto.
Aguirre señaló que no necesariamente el 100% de la mora recae sobre el funcionamiento del aparato judicial. Indicó que también una cuota es de las partes que muchas veces están atadas a los casos y quizás ahí se establece el 50% de los rezagos.
Por su parte, Róger Mata, director de despacho de la Presidencia del Poder Judicial, acotó que en la entidad estatal anualmente se tramitan 1.356 asuntos y la tendencia anual es al alza.
Precisamente los datos del 2021 arrojaron un total de 905.325, mientras que el corte a noviembre del 2022 alcanza 876.845, es decir hay una diferencia de 28.480 faltando todo, lo cual hace pensar que van a superar los del año anterior.
“Cuando vemos el año del 2021, incluyendo el tema del cobro judicial, el incremento es todavía mayor, porque el incremento efectivamente en materia cobratoria representa exactamente cerca del 50% de lo que ingresa al Poder Judicial, pero cuando vemos la salida de cuánto se está resolviendo en el año 2021 se terminaron 476.561 asuntos y eso fue en comparación con el año 2020 que fue superior, pues se resolvió 445.672. Entonces, los esfuerzos por ir disminuyendo a partir de los asuntos que se resuelven sí se están materializando”, explicó.
Mata añade que, para poder sacar la mora, se debería aumentar la capacidad instalada, es decir más jueces que se encarguen de dichos asuntos, por ello lo que se ha venido mejorando es la capacidad de manejo para que se pueda administrar bien la capacidad instalada.
Eso sí, “no será posible lograr mejorar la cantidad de asuntos que entran con la capacidad de jueces que hay”, sostuvo.
PRESUPUESTO
Otro punto relevante para el Poder Judicial es el presupuesto, que el próximo año alcanza ¢490 mil millones, sin embargo, para nadie es un secreto que se hace insuficiente y no alcanza la cobija.
Según Mata, esto ocurre porque han ido incrementando las responsabilidades que la Asamblea Legislativa le ha dado al Poder Judicial. Un caso de todo esto es la materia indígena, que el sistema debe atender incluso de manera gratuita, pero los recursos para enfrentar dichas obligaciones no vienen con la ley, “son los mismos que hemos tenido en los últimos años”, sentenció Mata.
A todo esto, el Poder Judicial le ha tenido que decir a la capacidad instalada que asuma todas estas nuevas responsabilidades y eso implica en algunos casos que la respuesta no sea tan inmediata como se requiere. Lo ideal serían mayores recursos para atender las necesidades, advirtieron los exponentes.